«Es cierto que lo del juez Peinado es indefendible, que está actuando con arbitrariedad con un objetivo político y mediático, pero un ministro de justicia como Bolaños no puede decirlo«. He escuchado variaciones de esta frase a distintos opinadores desde ayer. Y no puedo estar más en desacuerdo.
Llevamos meses hablando de la separación de poderes. Desde el acuerdo de investidura del año pasado, el CGPJ caducado tocó a rebato y la supuesta «defensa del Estado de Derecho» y de la «separación de poderes» pareció una misión patriótica de togados, colegios profesionales y, en general, de cualquier profesional que use corbata porque en un texto privado entre dos partidos aparecía mencionada la palabra «lawfare». Aunque el texto ni siquiera afirmaba la existencia de «lawfare» en España, su mera mención era una gravísima afrenta.
Si creían en la extrema gravedad de la mera mención de las operaciones judiciales cuyo objetivo real no sea la aplicación de la legalidad sino el desequilibrio del poder político elegido democráticamente, mucho más grave les parecerá, quiero pensar, que no sólo se mencione… sino que suceda. No parece haber mucha discusión (honesta) sobre la concatenación de barbaridades en el ‘caso Peinado’: desde la mera admisión a trámite de una querella de Manos Limpias que, a diferencia de lo que dicen muchos medios, no era una colección de recortes de prensa sino que consistía en un simple listado de titulares de prensa (sin desarrollo o siquiera enlace de la noticia), hasta el anuncio de que se pasará por Moncloa el martes con las acusaciones ultraderechistas a tomar declaración al presidente del Gobierno.
Hay antecedentes nacionales e internacionales de este tipo de actuaciones judiciales. En el plano internacional los gobiernos de Lula y Antonio Costa fueron acosados por montajes judiciales: Costa, el más reciente, dimitió e inmediatamente consiguió el gobierno la derecha y el juez archivó el asunto porque no había nada que reprochar al presidente portugués, salvo el hecho de liderar un gobierno progresista.
En España, hemos tenido casos como el de Mónica Oltra, el enriquecimiento patrimonial personal sin riqueza alguna que entre en el patrimonio de ninguna persona, el terrorismo sin terror, bochornos como aquel «caso niñera», sumarios sobre financiación ilegal estirados en el tiempo sin sustancia alguna…
Desde que la describió Montesquieu, la principal amenaza a la separación de poderes son los jueces que se creen legitimados para invadir las funciones de poderes legitimados, en la actualidad, electoralmente. Obviamente no son todos los jueces, seguramente ni siquiera la mayoría, pero ningún juez tiene derecho a intentar tumbar, siquiera a decidir deteriorar, al gobierno ni a ningún espacio político por muy aberrante que le parezca ese gobierno o ese espacio político. Ninguno.
La principal amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho en España en 2024 (como en otros países) es el secuestro por la derecha autoritaria (y profundamente anti liberal) de una parte del Poder Judicial. Y en ese secuestro la retención ilegítima del control del CGPJ era una parte relevante pero no crucial: es bueno que se vaya a resolver ese bloqueo, pero es democráticamente suicida dar por solucionados los problemas de la Justicia con la mera renovación del CGPJ.
No es que Bolaños tenga derecho a manifestar su enfado ante estas agresiones a la democracia y a la separación de poderes. Es que es su obligación. Y, de hecho, su obligación va más allá. Como ministro de Justicia y como ministro de Presidencia tiene la obligación de liderar las medidas políticas estructurales para defender la democracia de estas agresiones, que será, además, una forma de defender que la judicatura conforme un poder del Estado social y democrático de Derecho y liberarla del secuestro antidemocrático al que lo ha sometido una derecha que no admite la legitimidad de mayorías que no sean la suya.
Claro que puede quejarse Bolaños, aunque sea ministro. Lo que no puede hacer es quedarse en la queja, porque es ministro.