Pende sobre García-Castellón el recuerdo de una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana que se hizo pública por uno de tantos sumarios contra gobernantes corruptos del PP. En aquella conversación Ignacio González planteaba a Zaplana que sería muy conveniente que García-Castellón volviera a la Audiencia Nacional y sustituyera al juez Velasco. Ignacio González prefería que quien investigara sus delitos fuera García-Castellón; esto es: que García-Castellón volviera a la Audiencia Nacional y sacara las puñetas del juez Velasco de aquellas investigaciones. Y así ocurrió.
¿Ha sido un desastre la metedura de pata de García-Castellón que obliga a archivar el «caso Tsunami Democràtic»? Pues depende.
Si alguien se creyera que realmente hubo terrorismo en las manifestaciones que hubo en Cataluña en otoño de 2019, debería estar indignado con este juez. Un juez que instruye durante dos años un sumario sin ser consciente de que en la cúspide de la organización terrorista estaba todo un ex presidente autonómico y entonces eurodiputado, muy fácil de localizar pero que andaba suelto, con el cconsiguiente riesgo de que siguiera organizando actos terroristas. Y cuando su señoría se da cuenta de que tan notable caballero lideraba la actividad terrorista se olvida tramitar un sencillo papel que le permitiera seguir investigando lo que no tuvo tiempo de investigar en los dos años precedentes. Tal calamidad lleva a que los actos terroristas acaben impunes.
Imaginemos lo que dirían la AVT, el PP, Vox y toda su orquesta mediática. Si consideraron que era «impunidad» que los condenados por terrorismo salieran a la calle al cumplir sus penas o que cumplan sus penas en cárceles cercanas a sus domicilios (como sucede con todos los criminales, por terribles que sean sus delitos), ¿qué dirían ahora de un juez cuya lentitud y aparente incompetencia impide siquiera que se pueda juzgar a los culpables del último atentado terrorista que ha ocurrido en suelo español? ¿Cuánto tardarían las querellas de Manos Limpias, Dignidad y Justicia (la organización de un diputado de Ayuso para acusar de terrorismo a todo lo que se mueva) contra el juez? ¿De qué terribles prácticas de bestialismo estaría acusando Luis Pérez, alias Alvise, a su señoría? ¿Alguien cree que el CGPJ no habría iniciado aún el expediente sancionador contra el juez, tal y como ha hecho en casos análogos de narcotráfico u otros delitos graves cuyos autores se beneficiaron de la aparente negligencia de un juez?
Hay otra posibilidad: que nadie se crea que tuviera sentido la acusación de terrorismo. Es una posibilidad que se nos hace difícil porque hemos debatido en tertulias, parlamentos y redes sociales con quienes simulaban con aparente convicción que no era un disparate calificar como terrorismo aquellas manifestaciones. Pero lo cierto es que desde la perspectiva de alguien cuya sed de venganza contra el independentismo catalán fuera superior a los escrúpulos legalistas (cabe que exista alguien así), la jugada habría salido redonda.
En esa hipótesis todos los «errores» de García-Castellón serían muy parecidos a aciertos. Que no se diera cuenta del papel terrorista de Puigdemont hasta 2021 encajaría con el hecho de que en 2021 la derecha y la extrema derecha españolas perdieron las elecciones y la conformación de un gobierno progresista partía de una amnistía: como (pese a la retórica incendiaria según la cual toda amnistía es un ataque al Estado de Derecho) el único obstáculo en la legalidad internacional a la amnistía sería el terrorismo (y la corrupción), habría que inventarse la existencia de terrorismo (y que hubo un enriquecimiento personal que nadie vio, pero esa es otra ventanilla del mismo edificio). Este «terrorismo» consiguió dilatar la redacción de la ley de amnistía, estuvo en vías de imposibilitarla y dio alas a la tertuliada más afín y a los manifestantes de Ferraz. Pero, dado que todo el mundo sería consciente (en esta malpensada hipótesis) de que la acusación de terrorismo sólo iba a traer disgustos, el archivo por un asunto formal tan elemental permite evitar que otros tribunales tengan que desestimar las construcciones de este instructor o que próximamente los tribunales europeos vuelvan a dejar a los españoles en ridículo con un asunto tan grave.
¿Y García-Castellón? Con un funcionamiento ordinario de la justicia (es decir, el que no ha habido en ningún caso para abordar el Procés), un juez que conduce un caso de terrorismo al archivo por haberse olvidado de un sencillo y elemental paso procesal tendría graves consecuencias disciplinarias, que incluyen la suspensión como juez, el traslado forzoso… Nada que vaya a sucederle a García-Castellón, dado que dentro de dos meses se jubila y no da tiempo ni a que haya expediente sancionador antes del merecido traslado voluntario al balneario que desee su retirada señoría. Cabría, pues, hasta simular que se quiere responder con normalidad a una actuación tan gravemente «negligente».
Se ha acordado la renovación del CGPJ. Y es una excelente noticia. Pero ay de aquel demócrata que piense que con esa renovación ya ha solucionado España el principal problema de su funcionamiento democrático.