Hoy conoceremos la sentencia, dicen. Conoceremos las penas a las que condenarán a los líderes políticos independentistas que no huyeron a otros países europeos. No habrá condena por rebelión como quería la derecha . Sí habrá, probablemente, penas duras para un delito sin violencia. No habrá, en ningún caso, una solución al problema político que tiene Cataluña y que tiene España en Cataluña.
Hay una razón evidente por la que los condenados no son equiparables en términos políticos a otros cargos públicos condenados por delitos más habituales. Éstos fueron votados por la mitad de los catalanes para que cometieran los delitos por los que se les condena. Los corruptos se esconden: les votan a pesar de sus robos. Los dirigentes independentistas fueron votados por la mitad de los catalanes para hacer más de lo que hicieron en septiembre y octubre de 2017 y esa mitad de los catalanes volvió a votarles tras los hechos conocidos. Y la otra mitad votó para impedirlo antes y para rechazarlo después. Ahí está el genuino conflicto político que la sentencia no resuelve y que nadie puede negar.
Sólo hay tres posibles soluciones al conflicto catalán.
La primera que la respuesta punitiva (condenas duras y cumplimiento íntegro, artículo 155 de la Constitución, imposibilidad del diálogo hasta llevar la situación política catalana al colapso) lleve a una drástica mengua política del independentismo. Es la que hasta hoy defienden PP y Ciudadanos, y a la que se ha asomado Pedro Sánchez y el PSOE en esta campaña electoral. Llevamos ya unos cuantos años como para evidenciar que esta vía sólo puede fracasar. Y el propio hecho de descartar el Tribunal Supremo la rebelión debilita la posición ultramontana: queda muy difícil hoy pedir el 155 sin más argumento jurídico que el hecho de que Torra sea un desastre (no el único que gobierna una Comunidad Autónoma, digámoslo de paso). ¿Dónde queda, por cierto, Edmundo Bal, el héroe que Ciudadanos lleva en su candidatura porque se opuso a la infamia de que la Abogacía del Estado hiciese la petición que los jueces consideran correcta en vez de enrocarse en el aparente error?
La segunda es que Cataluña consiga una independencia unilateral: no hace falta muchos argumentos más que un vistazo al desolador estado del campo de batalla para adivinar que esa solución no se va a producir. No creo que haya ningún independentista que piense aún que ese camino es transitable.
Y la tercera es la que menos votos dará a quien la proponga pero la que todos los partidos (incluido sin ninguna duda el PP-Cs) intentarían si estuvieran en el Gobierno. La única salida que tiene el conflicto catalán es algún tipo de acuerdo, tanto dentro de Cataluña como entre los partidos españoles y los exclusivamente catalanes. Tal acuerdo resulta dificilísimo, pero es la única salida posible. No haría falta ir a negociar con líneas rojas de antemano porque la única certeza que todo el mundo tiene es que un acuerdo así no alcanzaría las propuestas de máximos de ninguno de los dos bloques: sería imposible quedarnos simplemente en la situación política, territorial y penitenciaria actual; sería imposible que el acuerdo llevara a la independencia. Y una obviedad es que entre los problemas a resolver en un acuerdo así estaría la situación de los presos y los fugados.
Si Casado fuera presidente del Gobierno, no nos quepa ninguna duda, lo intentaría: la derecha más bocazas en la oposición trata de resolver los conflictos más enconados en el gobierno convencida de que nadie le atacará por ello. Lo intentaron Aznar y Mayor Oreja con una organización terrorista (e hicieron muy bien en intentarlo) y si estuviera en mano de Casado lo intentaría. Quiero pensar que los progresistas no le vamos a regalar a la derecha el monopolio de la búsqueda de soluciones, aunque esa solución pasa, también, por la participación en la medida de lo posible (y aunque hoy afirmen que es intolerable) de la derecha española aunque sea desde la oposición.
Hoy termina la vía judicial. No estamos, nadie, mejor que hace dos años. Dentro de un mes tiene que empezar, de una vez, la vía política. Porque el atasco que sufre España no está sólo en Moncloa, está también en Barcelona.