Estos días se están celebrando en muchas universidades españolas consultas populares sobre monarquía o república. Y este domingo 2 de diciembre habrá más de cien mesas por todo Madrid donde la gente pueda votar en consultas análogas. Evidentemente el lunes nadie proclamará la república o asumirá la monarquía en función del resultado. Estas consultas son un ejercicio libre, pacífico y democrático de libertad de expresión de gente, fundamentalmente joven, que tiene una opinión legítima sobre su país y quiere expresarla. Y tienen un potencial inmenso de futuro porque las mueve gente común con una propuesta sensata de país al margen de ningún partido.

Hace un par de días el PP de Madrid organizó una charla con el asombroso título ‘Estado de derecho como garantía de libertad‘ en la que al parecer se explicó como saltarse el Estado de derecho para vulnerar la libertad. La oradora (Isabel Díaz Ayuso, la jefa de la comunicación del PP de Casado, viceconsejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, conocida por diferenciar entre musulmanas y españolas, por atacar el feminismo y acosar en público desde el gobierno a Telemadrid por informar sobre la inauguración de Gran Vía) anunció que emprenderían acciones legales contra estas consultas porque son «ilegales» y sirven «para alentar el odio».

Es evidente la legalidad de las consultas, que son un nítido ejercicio de libertad de expresión y además es un instrumento de manifestación de opiniones que se ha utilizado muchísimas veces (contra la privatización del Canal de Isabel II que intentó el PP, por ejemplo, votaron 167.000 personas). Y, para cualquier persona con mínima sensibilidad no ya democrática sino simplemente racional, es evidente que en absoluto significa alentar el odio algo tan legítimo como expresar la voluntad de un cambio político e institucional en clave democrática y modernizadora. Sólo los discursos que defienden dictaduras, porque la democracia divide al pueblo, puede encontrar odio en la expresión democrática y pacífica de una propuesta absolutamente legítima para su país.

Si el PP piensa que una expresión así debe ser ilegal y alienta el odio, el PP se está haciendo un retrato como un partido fanático y profundamente autoritario.

Lo verdaderamente interesante es la alergia que produce a las élites políticas y empresariales que han podrido nuestras instituciones (las instituciones del 78, por cierto) que haya movimientos populares que propongan un cambio sustancial para España vertebrado desde la democratización de la jefatura del Estado. Como es revelador el miedo del CIS a volver a preguntar sobre la cuestión tras el enésimo (pero primero con Felipe VI) suspenso de la monarquía en 2015. Hay toda una corte corrupta que ha vivido muy bien a la sombra de Zarzuela y que necesita la supervivencia del tinglado.

Si España es una democracia consolidada, si la Transición salió tan bien, si libertad sin ira libertad y si no la hay sin duda la habrá, si habla pueblo habla… ¿qué miedo tienen al pueblo? ¿Tan seguros están de que a poco que la gente debata, hable, opine, se exprese… pondremos en marcha un país distinto más difícil de parasitar por los corruptos? ¿Siguen manejando encuestas como aquella de Suárez que le llevó a no consultar sobre la monarquía porque igual los españoles querían otro futuro para su país?