Hace unos días el Parlament de Catalunya votó una resolución política sin efectos jurídicos en la que el Parlament constataba que la mayoría de los representantes de Catalunya no están de acuerdo con la monarquía, institución que considera «antidemocrática y caduca» (difícilmente cuestionable lo primero, opinión legítima y aparentemente razonable lo segundo). No tiene valor jurídico del mismo modo el PP quiere que el Senado apruebe una resolución monárquica igualmente legítima y con idéntico valor: puramente declarativa pero legítima.
Lo bochornoso ha sido la reacción de los medios cortesanos indignados con el hecho de que el Parlament pueda opinar sobre la monarquía. O más bien, que pueda opinar contra la monarquía. Las instituciones de nuestro país están obligadas a estar presididas por retratos del rey, pero tienen prohibido, nos quieren decir, debatir sobre el rey, sólo pueden adularlo. Finalmente, en un giro cortesano patético, el PSOE ha anunciado que el gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional esa declaración política intentando así que el Constitucional sentencie que el Parlament no puede pensar lo que piensa.
Si algo vertebra el régimen del 78 es, desde su origen y por lo que se ve hasta su final, no tanto la monarquía en sí misma como la imposición de la monarquía. En las elecciones de 1977, que luego fueron constituyentes, se prohibió que se presentaran partidos que siguieran siendo expresamente republicanos. Para legalizar al Partido Comunista de España se le exigió que asumiera simbólica e institucionalmente que la monarquía no era cuestionable; el partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana, no fue legalizado; se dio incluso la paradoja de que tras recibir con gran boato a Tarradellas su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, seguía siendo ilegal no por independentista sino por republicano y tuvo que presentarse escondido en otras siglas que no mencionaran la forma democrática del Estado. El recurso al Tribunal Constitucional pretende mantener vigente una mordaza antidemocrática: los españoles y las instituciones que nos representan deben poder ser libremente republicanos como pueden estar en contra de los aforamientos o de la disposición adicional cuarta, faltaría más. Lo que el PSOE pretende, empujado por la furia cortesana, es prohibir una opinión, porque nada más que una opinión es lo que se ha expresado en el Parlament.
No parece buen negocio para el PSOE atarse a la pata cortesana si quiere recuperar voto joven. El CIS no pregunta por la monarquía desde 2015, ya con Felipe VI. Entonces sólo aprobó entre los mayores de 65. Y en todos los cortes de edad de menores de 65 más de un 25% le daba a la monarquía entre un 0 y un 1 sobre 10. En los menores de 35 años la monarquía estaba por debajo del 3,8 sobre 10 de nota media. Ni siquiera por cobardía es rentable ser cortesano en 2018: gota a gota los españoles van compartiendo que es una institución antidemocrática y caduca.
Está representando mejor esta vez la opinión de los españoles el Parlament de Catalunya que el Gobierno de España. Podrán prohibir que se diga; pero no pueden detener lo que cada vez más gente piensa.