Hace casi dos meses se publicó una parte de unas grabaciones gravísimas para la monarquía. Corinna zu-Sain Wittgenstein le contaba al comisario de las cloacas de la corte detalles muy groseros sobre el anterior jefe del Estado, que habría utilizado su cargo para negocios privados e ilegales en detrimento de la economía y las relaciones exteriores de España.
En estos dos meses no ha habido un solo desmentido de las ilegalidades corruptas que habría cometido Juan Carlos I siendo rey de España. Tampoco hay un solo medio de comunicación, tertuliano, etc. que haya simulado incredulidad. Todo el mundo parece tener claro que lo que se cuenta en esa conversación es verdad.
Ayer la Mesa del Congreso decidió no tramitar la solicitud de comisión de investigación propuesta por Podemos. Lo decidieron de la mano el PP, Ciudadanos y el PSOE. No es que rechazaran constituir la Comisión (algo que debería haberse votado en el Pleno, con debate público) sino que rechazaron siquiera tramitarla: no es una decisión política (discutible pero acaso legítima) sino una supuesta decisión administrativa y que sólo pueden tomar si es ilegal tramitar la propuesta.
Se inventaron para ello (según he leído en medios, porque las reuniones de la Mesa no son públicas) dos argumentos a cual más ridículo.
1.- En primer lugar que el Congreso controla al gobierno pero no pueden decir nada de la Casa Real. Esto, por un lado, no es del todo cierto: según la Constitución las Cortes Generales (Congreso y Senado) pueden llegar a vetar la boda de un aspirante a monarca, pueden nombrar rey si la sucesión quedase desierta, pueden inhabilitar a un rey y el presidente de las Cortes Generales es el responsable de los actos del rey en determinados momentos.
Pero sobre todo, las comisiones de investigación no son control del gobierno. Según la Constitución Española (artículo 76), las comisiones de investigación versarán “sobre cualquier asunto de interés público” (sospecho que los miembros del PP, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso conocen este artículo de la Constitución): pueden investigar el cambio climático, la aplicación del VAR en la liga de fútbol, la existencia de vida extraterrestre o lo que consideren que puede ser interesante para los españoles. Sobre las grabaciones de Corinna hay dos hipótesis (probablemente ciertas ambas): que lo que cuentan es verdad y que la publicación de las grabaciones son un chantaje a las instituciones del Estado de una mafia que utilizaron los gobiernos de España y que se desarrolló dentro de las instituciones del Estado. ¿Cuál de estas dos hipótesis no es un “asunto de interés público”?
2.- La otra excusa es igual de burda pero algo más reveladora: que los hechos se produjeron durante el reinado de Juan Carlos I, cuando era inviolable y no responsable. Esto, en primer lugar, sería reconocer que los hechos existieron: sólo lo que ha pasado tiene un periodo temporal. El atraco de Juan Carlos I al Banco Santander de la calle O’Donnell no está sometido a inviolabilidad por haberse producido durante su reinado: como es un suceso inexistente no tiene fecha; si nos dicen que el cobro de comisiones, el uso de testaferro, las cuentas suizas… están sometidas a inviolabilidad, están reconociendo que sucedieron. En todo caso, si el rey emérito sigue teniendo cuentas en Suiza ocultas al fisco, que no lo sabemos, la ilegalidad se estaría cometiendo ahora.
Pero, más allá de la torpeza, es ridículo pensar que la inviolabilidad implica que el Congreso no pueda investigar qué sucedió. La inviolabilidad hace que el rey no pueda ser juzgado. En un tribunal. Pero obviamente puede ser investigado por la prensa, por ejemplo, y también por el Congreso. Incluso, según la Constitución, un rey en ejercicio tendría la obligación de comparecer como cualquier otro ciudadano ante una comisión de investigación si es citado. Lo único que sucede, por esa inviolabilidad, es que si se niega a acudir no podría ser juzgado por negarse a acudir como el resto de españoles. Es tan ridículo como si rechazasen la comparecencia de un ministro en una comisión de investigación con la excusa de que es aforado y sólo puede responder ante el Tribunal Supremo.
Para salvar la cara de la Corona, el PSOE, PP y Ciudadanos se saltaron la Constitución española con argumentos que saben que son ridículos. Demostraron que entre la lucha contra la corrupción y la sumisión cortesana es mucho más importante para ellos (para el PSOE, para Ciudadanos y para el PP) la segunda. Pero, sobre todo, evidenciaron que hay mucho que ocultar en los negocios de la casa real. Si todo fuera mentira nadie como los partidos que defienden a la monarquía habrían querido que se aclarase, que se demostrase que todo es un invento de un mafioso encarcelado y de una señora resentida. Pero decidieron ocultárnoslo: cómo debe de ser la cosa para que consideren menos lesivo para la Casa Real que pensemos que lo que se dice en esas grabaciones es cierto, que el conocimiento público de la realidad.