Ayer Cristina Cifuentes siguió el manual de todos los dirigentes del Partido Popular que han sido señalados por haber participado en el saqueo de nuestras instituciones. Siguiendo el patrón de Rajoy, compareció sin aceptar preguntas; siguiendo el patrón de todos sus compañeros lo negó todo tajantemente; siguiendo el patrón de Esperanza Aguirre explicó que ella es pobre de solemnidad (algo sorprendente con sus sueldos pero, en todo caso, irrelevante dado que nadie le acusa de haberse lucrado ella sino de haber participado en la financiación ilegal del PP); y, siguiendo el patrón de Ignacio González, amenazó a quien hiciera suyas las afirmaciones de la Guardia Civil sobre la adjudicación a Arturo Fernández de la cafetería de la Asamblea de Madrid.
Son ya tantos años escuchando idéntica contundencia y solemnidad que ya no impresionan a nadie, así que lejos de amilanarnos lo que toca es hacer algunas preguntas:
1.- ¿Estaba en la mesa de adjudicación y en el comité de expertos? ¿Sí o no?
Cifuentes se escuda en que la adjudicación de la cafetería se dio por unanimidad de todos los partidos políticos. Y eso es cierto en la mesa de adjudicación a la que ella pertenecía. Pero la mesa de adjudicación lo que hace es ratificar la propuesta de un comité de expertos. Esto es bastante razonable porque los miembros de la Mesa de la Asamblea no tienen capacidad humana de examinar cada contrato; de la misma forma que un alcalde o concejal suele atenerse a lo que le propone su interventor.
El problema está en que, según la Guardia Civil, en ese comité de expertos también estaba ella. Y eso es ilegal según el artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público que dice que «deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada»: NO INTEGRADOS en el órgano proponente, que era la mesa de adjudicación. Es decir, si la respuesta a esta pregunta es Sí (sí estaba tanto en la mesa de adjudicación como en la mesa de expertos) no cabe ninguna duda: hubo una ilegalidad.
Que tal ilegalidad sea delito o que en determinada fase de la instrucción el juez se centre en otras investigaciones no quita un ápice a la evidencia de ilegalidad, por lo que es urgente que conteste Cristina Cifuentes sí o no a esta pregunta que no es, como dice Cifuentes, un «juicio de valor» sino un hecho objetivo sin ambigüedad posible.
2.- ¿En calidad de qué estaba Cristina Cifuentes en la mesa de expertos?
Expertos con cualificación adecuada. Además de no pertenecer a la mesa de adjudicación esos son los requisitos (obvios) para ser miembro de la mesa de expertos que cita la Ley. ¿En calidad de qué se consideró a Cristina Cifuentes experta y adecuadamente cualificada para examinar y proponer las ofertas al concurso? La Ley cifra en un mínimo de tres expertos en este tipo de comité. Por alguna razón se decidió que en este hubiera cuatro. Y de ellos tres eran funcionarios (a los que ya ha interrogado la UCO) y solo una era un cargo político: Cristina Cifuentes. No había ningún otro ni de ningún otro partido político. Y su cargo político no era menor ni único: además de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid (que iba a adjudicar a Arturo Fernández la cafetería), era patrona de Fundescam (a la que Arturo Fernández hacía donaciones económicas) y responsable de campaña electoral del PP-Madrid (campañas que se financiaban con ese dinero donado a Fundescam).
No sólo resulta difícil argumentar el carácter de experta y cualificada de Cristina Cifuentes para ese puesto sino que es más que razonable pensar que incluso aunque lo fuera no resulta muy edificante que, con sus cargos en el PP, formara parte de ese órgano.
¿Por qué tanto empeño en que alguien como Cristina Cifuentes estuviera en todo el proceso de adjudicación contraviniendo incluso la ley para ello?
3.- ¿Conocía Cristina Cifuentes el presupuesto de la campaña electoral en la que tenía responsabilidad?
Cristina Cifuentes tenía mando en las campañas electorales del PP de Madrid en tanto que responsable de movilización territorial del partido: es la razón que en conversaciones grabadas a los hermanos Pablo e Ignacio González tenían para entender que Cifuentes se atara a Jaime González Taboada. El tesorero del PP de Madrid era Carlos Izquierdo, actual consejero del gobierno de Cifuentes y responsable de organización del PP-Madrid de Cifuentes. ¿Ella era responsable de una campaña financiada ilegalmente, que contaba con muchísimo más dinero que sus competidores y no se enteraba de nada? ¿En que la diferencia eso de Esperanza Aguirre que acaba de dimitir por no enterarse de todo lo que se robaba bajo su responsabilidad? ¿Para qué sirve un tesorero en el PP de Madrid si carece de responsabilidad política sobre las finanzas del PP de Madrid?
4.- Si se querella contra quien informe de posibles irregularidades ¿quién lo pagará?
La amenaza de Cristina Cifuentes de emprender «acciones legales» contra quien «ponga en duda su honradez» no es nueva. Cuando la Cadena SER informó de las grabaciones a Ignacio González portando bolsas en Colombia de contenido dudoso, Ignacio González se querelló contra Pilar Velasco. Cuando el diario Público informó de numerosas irregularidades sobre Ignacio González, éste se querelló contra Manuel Rico, Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña. En ambos casos la justicia archivó las querellas, pero a Ignacio González le permitió hacer pasar un mal rato a los periodistas que habían hecho su trabajo. En ambos casos Ignacio González usó los abogados y recursos económicos de la Comunidad de Madrid, llegando al bochorno de que en el segundo de los casos la justicia le obligó a pagarse su defensa de su bolsillo. Hace unas semanas registré una petición (que tendrá que votar el PP) para que Ignacio González devuelva el dinero público que usó para tales amenazas.
¿Seguirá Cifuentes el ejemplo completo de Ignacio González o al menos se pagará de su bolsillo las querellas contra quien investigue, informe y ponga en duda lo que le venga en gana?