Durante las primeras horas de la Operación Lezo contra una década de saqueo de la Comunidad de Madrid Cifuentes consiguió dirigir la representación mediática. Daba igual que la Audiencia Nacional explicase que todo había arrancado en 2015: nos contaban en tertulias y columnas que el origen había sido un escrito de 2016 de Cifuentes que nadie conoce.
Pero las ficciones de Cifuentes duran bastante poco.
En este caso, nos contaron que Cifuentes había presentado un informe sobre operaciones en América Latina del Canal de Isabel II. Hemos pedido decenas de veces tal informe a la Comunidad pero el gobierno se ha negado a dárnoslo, así que no podemos saber (ni nosotros ni ningún periodista) si en ese informe se denuncia algo nuevo, si contenía lo que ya habíamos comprobado en la Comisión de Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública y lo que había denunciado la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II en 2014 o incluso si en ese informe no había nada sustantivo y sólo pretendiera poder dar un titular según el cual Cifuentes habría denunciado algo para simular que no era como el resto del PP. No sabemos nada de ese informe salvo que fue posterior al inicio de las denuncias y a que supiéramos que las operaciones latinoamericanas escondían mucha basura.
Según se va conociendo el contenido de las acusaciones va siendo más y más evidente que lo que el juez ha encontrado no es nada que denunciara Cifuentes sino más bien aquello que Cifuentes lleva tapando desde que accedió al gobierno. Fundamentalmente la financiación ilegal del PP-Madrid que hace que entre tamayazos y campañas pagadas en negro el PP no haya ganado limpiamente unas solas elecciones en Madrid en lo que va de siglo XXI; y que sepamos que cada techo de un hospital que se cae o cada subida del precio del agua que hemos sufrido financiaba un acto electoral del PP.
Nadie puede decir sin ruborizarse que Cifuentes haya denunciado o frenado la financiación ilegal del Partido Popular que, en el caso de que hoy sea menor que antes, ha tenido como obstáculo la lupa de los jueces desde que en 2013 conocimos los papeles de Bárcenas, no ninguna colaboración de nadie del PP.
Y, desde luego, lo que no ha denunciado Cifuentes es el saqueo del PRISMA, un fondo con el que la Comunidad de Madrid debía ayudar a las inversiones municipales y que sirvió en realidad para tejer una red caciquil y de servidumbres en torno a quienes decidían qué dinero iba a qué municipio. PRISMA dependía de tres personas: Francisco Granados, Salvador Victoria… y Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración local y, según Marjaliza (el número dos de la Púnica que decidió colaborar con el juez) quien «mangoneaba todos los contratos«.
Taboada es hoy el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de Cifuentes y su coordinador del PP-Madrid y a quien ha puesto Cifuentes en la ejecutiva de Rajoy. Es decir, sigue al frente del reparto de fondos entre municipios (que permitía construir la red de servidumbres que vertebra organizativamente el PP-Madrid) y lidera el día a día del partido.
Si fuera una novela negra denunciaríamos al autor por dar demasiado mascado al lector que Cifuentes ha usado al constructor de la vieja estructura corrupta del PP-Madrid para ponerlo a su servicio.
No es sólo que no cuele que Cifuentes haya sido quien ha denunciado sino que a cada fleco del sumario que conocemos vamos viendo cómo se cierra el cerco sobre la estructura de un partido a la que perteneció con mucho peso Cifuentes y en una de cuyas patas ha apoyado la construcción de su poder interno.
