En las últimas semanas el PP y Ciudadanos han emprendido una campaña en las Juntas de Distrito de Madrid contra la ampliación de la oferta mediática en los centros municipales. Antes, cuando gobernaba el PP, la oferta se limitaba en muchos casos a La Razón y El Mundo. Ahora se ha ampliado con ABC, El País, As, La Marea y Diagonal (supongo que a partir de ahora será El Salto). Éstas últimas apenas suponen coste pues no son diarios. Pero el PP y Ciudadanos han presentado mociones en las Juntas de Distrito pidiendo la cancelación de la suscripción a La Marea y Diagonal sin disimular que la razón es su línea editorial (es muy recomendable el vídeo que acompaña esta noticia y que evidencia el acoso del PP y su escudero Ciudadanos a los medios que no consideran de su cuerda).
En los últimos días las noticias en ABC no van firmadas. La razón es la amenaza de una nueva oleada de despidos en el periódico que se cierne sobre sus periodistas. La caída de ABC empezó con una campaña de acoso y derribo contra su director cuando éste mantuvo a su periódico en sus posiciones políticas conservadoras pero sin vomitar las mentiras sobre el 11-M con las que el PP y su séquito intentó manipular el mayor atentado terrorista de nuestra Historia. El principal hostigador de ABC y valedor de la mentira sobre el 11-M fue Libertad Digital, medio que se financió con dinero de la caja B del PP repartida por Bárcenas y cuyo presidente acaba de ser condenado por las tarjetas black. ABC ha vuelto a ser domado, pero sus periodistas siguen amenazados.
En los últimos meses el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una emisora pública de radio. Una emisora con información sobre cultura, ocio, turismo y servicio público y que trabaja con escuelas de radio y estudiantes de periodismo en prácticas. Sin esperar a que la radio hubiera emitido un minuto PP y Ciudadanos emprendieron un acoso contra la que llamaron «Radio Carmena», hicieron un examen ideológico a los periodistas que trabajan en ella e intentaron impedir que iniciara sus emisiones. En los seis meses que han pasado desde aquella campaña la oposición al Ayuntamiento no han conseguido encontrar una sola noticia o programa que justifique no ya la campaña de acoso sino una sola de las críticas preventivas.
En España hay amenazas a la libertad de prensa. No sólo las consabidas presiones de anunciantes (incluir una noticia que no sea publicitaria sobre El Corte Inglés, Coca Cola o Banco Santander es una prueba de algodón de independencia) o de los dirigentes de medios de comunicación, sino que las campañas del PP contra los medios que se salen de sus dictados son durísimas y nunca amparadas. Incluida, por supuesto, la asfixia sin publicidad institucional a medios que no sean afines y el premio (aka soborno) con dinero público para los medios leales. Por no retrotraerse al cierre ilegal de medios de comunicación llevado a cabo por gobiernos y jueces.
El periodismo es un poder de la democracia. Merece por tanto protección de su independencia, pero también está sometido a la libre crítica. Como las merecemos los cargos políticos, los jueces o cualquier poder democrático. Que algunos periodistas reciban críticas incluso injustas es tan legítimo como que los diputados recibamos críticas, faltaría más: más vale tener la piel algo gruesa si se está en según que lugares de una democracia. Que haya cargos políticos (y periodistas) que no tienen contención en la forma con la que critican lo que no les gusta es cierto, por supuesto; como es una obviedad que esos excesos no son monopolio de partido alguno. Y es cierto que tendremos que poner todos los empeños en evitar que esos excesos se produzcan desde nuestros ámbitos porque en eso también tenemos que ser más pulcros que nadie, sin que eso signifique tragar en absoluto con ataques injustos ni aceptar que quienes menos tenemos qué ocultar seamos los únicos señalados.
La libertad de prensa en España no tiene problemas anecdóticos sino estructurales cuyo origen es vertical, viene de arriba, de los poderes políticos y empresariales que deciden qué es publicable y qué no, qué noticias merecen vetos, sobre quién no se puede hablar, sobre quién sólo se puede hablar bien o mal o de quién hay que ocultar los lazos comerciales con criminales y en paraísos fiscales, qué medios deben prevalecer, cuáles hay que asfixiar, cuáles hay incluso que cerrar. Y por detrás de esos problemas estructurales sin duda hay colecciones de tratos equivocados (en todas las direcciones, de gente concreta de cualquier partido hacia los medios de comunicación y también, por supuesto, de algunos medios de comunicación hacia gente de partidos concretos). Afrontense éstos también, pero aquel que sólo ponga el acento en unos concretos problemas (y explicados de forma difusa con lo que es imposible darles solución) y nunca en los estructurales está delatándose como organización servil con las carencias en libertad de prensa que sufre nuestro país.