No estoy necesariamente en contra de los aforamientos. Parece evidente que se les ha ido la mano en el número de cargos públicos aforados. Que todos los jueces y fiscales, que los cargos autonómicos, que todos los diputados… sean aforados es un exceso. Ayer leí que los miembros del Consejo de Estado (órgano puramente consultivo) son aforados no se sabe por qué. Pero que haya ciertas funciones públicas que tengan una alguna coraza precisamente para defender esa función pública no es mala idea. Pienso, por ejemplo, en si tuviéramos un ministro de industria decente que atacara los intereses de las mafias energéticas. Estaría bien que ante los seguros ataques de éstas al menos en lo judicial tuviera que mirarse cada ataque con lupa, sólo eso. Es en todo caso un ideal muy lejano de nuestro país: las élites formalmente gobernantes están entregadas a las mafias que realmente mandan por muchos fueros que haya. Así que uno puede defender teóricamente algún tipo de escudo jurídico que garantice que los cargos públicos puedan seguir cumpliendo sus funciones protegidos del acoso de los poderosos frente a los que nos defiende; pero siempre sabiendo que eso no tiene nada que ver con lo que sucede en este país.
Para justificar el aforamiento de Juan Carlos de Borbón se apela a los miles y miles de aforados que hay. Si hay 10.000 cargos aforados, ¿cómo no lo va a ser quien durante casi 40 años ha sido el primero de ellos? Caben un par de matices.
El primero es que eso deja en evidencia el argumento de los monárquicos vergonzantes, esos que dicen que al fin y al cabo la figura del monarca es meramente simbólica, representativa. En ningún caso política. En tal caso no habría justificación alguna para aforar (¡y mucho menos convertir en inmune!) a quien no necesita defender la independencia de sus funciones puesto que no tiene función relevante alguna. Ni el ex rey ni el rey ni nadie de la familia debería tener fuero alguno salvo que reconozcamos que sí, que se ejercen labores políticas fundamentales pese a la falta de legitimidad democrática del titular del cargo político.
Pero centrados en el caso de Juan Carlos la clave es el segundo matiz. De esos 10.000 supuestos aforados no hay ni uno, ni uno solo, que lo sea por un cargo que ya no ejerce. De los ex presidentes del gobierno sólo Rodríguez Zapatero está aforado y no por ser ex presidente sino por ser miembro del Consejo de Estado (aunque este cargo sí lo tiene por ser ex presidente, precisamente por una decisión suya). Felipe González y Aznar no entraron en el Consejo de Estado por incompatibilidad con sus gigantescos ingresos como consejeros, asesores, etc así que si alguien pusiera hoy una querella por los GAL, por la guerra de Irak o por un accidente de circulación… los juzgaría el tribunal al que le correspondiera el caso, no el Tribunal Supremo. El ex cargo ya no tiene funciones así que el aforamiento no tiene ningún sentido.
Juan Carlos de Borbón sería el único aforado por un cargo y unas funciones que ya no ejerce. Y lo será con más extensión que cualquier otro aforado, alcanzando aspectos civiles que nada tienen que ver con sus funciones siquiera pasadas.
O sí. Porque parece que lo que más preocupa es la segura aparición de demandas de paternidad de supuestos hijos de Juan Carlos (lejanos geográficamente entre sí pero que sí comparten genes paternos: ya presentaron las demandas pero se archivaron dado que Juan Carlos era inviolable y no se le podía exigir prueba de ADN; pero los reclamantes sí compartían ADN entre sí, qué suerte).
Si apareciera una demanda de paternidad interpuesta por un varón mayor que Felipe de Borbón tendríamos lío. La monarquía actual descansa en una gilipollez: que la jefatura del Estado la hereda el varón de más edad que sea hijo del rey cesante. Eso lo pone en la Constitución. Y no es problema nuestro ni del pobre supuesto hijo no reconocido. Es un problema de quienes nos colocan una forma de Estado gilipollas. En este caso la demanda de paternidad sólo tendría por objeto la restitución del orden constitucional del 78. Y por tanto lejos de dificultar la interposición de tales demandas lo que habría que hacer es darles carácter prioritario y urgente no vayamos a estar viviendo bajo un trono usurpado: ¿qué pasaría con las leyes ratificadas por Felipe VI si descubrimos dentro de 5 años que el rey legítimo (permítaseme la expresión en broma) es otro?
Insisto: que una prueba de paternidad tumbe una Ley Orgánica (la ley de abdicación sería inconstitucional) y ponga patas arriba el sistema institucional es una gilipollez. Pero es la gilipollez de ellos, la que llevan defendiendo babosamente 40 años y con especial entusiasmo estas últimas semanas. A los republicanos que nos registren: nosotros sólo queríamos urnas. Que no entienden de genes sino de democracia.
Viva España, viva el rey. Viva el orden (dinástico) y la ley.