Sería, pues, perfectamente constitucional exigir que entre el cese de Juan Carlos y la coronación de Felipe haya un plazo suficiente que permita a la ciudadanía en su conjunto decidir si mantiene la monarquía o prefiere una república. (Febrero de 2012, Felipe puede esperar: una propuesta para cuando el rey Juan Carlos se vaya)
Lo que sea España es una decisión que no le corresponde a ningún Gobierno, ni partido, ni ningún Parlamento. Corresponde a todos los españoles. (14 de diciembre de 2013, Mariano Rajoy).
Probablemente las élites políticas y financieras sean más conscientes de la profundidad de la crisis de régimen que vive la Transición. El 25M permitió asomar el calado de su quiebra. Una semana después el rey se tiene que ir. Hace una semana se refirió Esperanza Aguirre a los partidos que habían rebajado la suma del bipartidismo a menos de la mitad de los votantes: frente a los partidos “constitucionales” identificó la emergencia de partidos republicanos (así se refirió a Izquierda Unida y Podemos). Esos son los dos cimientos que usa el decadente régimen del 78 para ejercer de correa de transmisión de los poderes financieros. Ha quedado clara la función de la monarquía en estos meses en que Juan Carlos intentaba recuperar vitalidad haciendo viajes a dictaduras petroleras rodeado de grandes empresarios que hacían negocios allí. Si la crisis del bipartidismo supone el rechazo de la corrupción, los privilegios y la entrega de las instituciones a las élites económicas, la Corona es la quintaesencia de lo rechazado.
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