Que alguien esté trabajando en negro y se apunte al paro para cobrarlo podría ser algo que a cualquiera le pareciera mal si tal fraude fuera una decisión libre. En realidad nunca lo es. No hay nadie (digamos casi nadie) que prefiera trabajar en negro: es una opción que viene impuesta por el empresario que quiere ahorrar costes laborales. Los trabajos que se ofrecen en tales condiciones suelen ser de remuneraciones bajísimas; por eso el «complemento» del subsidio de desempleo, por muy ilegal que sea, hace que junto con el escaso sueldo sume una cantidad mínima al mes para ir tirando durante unos meses, hasta que comience a menguar el subsidio. Todo esto se vería evitado si se atendieran las reivindicaciones de renta básica de ciudadanía, pero ese es otro cantar.

La ministra Fátima Báñez ha emprendido una campaña para que delatemos anónimamente a los trabajadores que recurran a estas prácticas: el «fraude laboral» (no las ayudas a los bancos, no el saqueo de infraestructuras carísimas originadas con el soborno empresarial a la élite política) pone en peligro “el Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas”. El gobierno, como es evidente a estas alturas de legislatura, es extremadamente enérgico en la defensa del «Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas«, así que pide brigadas ciudadanas que combatan ese «fraude laboral» mediante una web para la delación anónima. Extraña que no pida a la virgen del Rocío que, ya que lo del paro no lo arregla, al menos obre un milagro y convierta a los empresarios y trabajadores en negro a la legalidad laboral; pero no, pide la muy terrenal delación. Extraña menos que en vez de apelar a la delación no se amplíe la plantilla de inspectores de trabajo, eso es perfectamente coherente.

Ocurre que este gobierno tiene la legitimidad para pedir colaboración contra el fraude un poco mermada.

En primer lugar porque este es el gobierno de la amnistía fiscal: es decir, el dinero de los grandes defraudadores fiscales (Bárcenas y algunos familiares del rey, por poner dos ejemplos probablemente menores) tienen puente de plata de este gobierno. El gobierno que indulta a los grandes defraudadores del país nos pide que nos convirtamos en delatores anónimos del pequeño fraude que en casi todos los casos son regates a condiciones de vida miserables.

Nos lo pide, sobre todo, un gobierno trufado de «defraudadores laborales», un gobierno de un partido que lleva décadas repartiéndose sobornos como «complemento salarial» en negro, es decir, sin cotización a la seguridad social, sin pagos fiscales, etc… No cobraban el paro porque el pago en B no sólo era muy generoso sino que era un añadido a uno o varios sueldos públicos, pero el fraude a la Seguridad Social y a Hacienda se producía y encima el concepto por el que se cobraba era saquear los fondos públicos no para costear  “el Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas” sino para hacer obras y obras innecesarias y carísimas que dejaban la hucha sin un duro para ese supuesto «Estado de bienestar español».

No se conoce el caso de un dirigente del PP delatando a compañero alguno por los cobros en negro, no ya por el soborno sino al menos por el «fraude laboral» continuado y generalizado en el PP. Tampoco se conoce que la ministra Báñez haya encargado una investigación para exigir al PP el pago de todas las cuotas de la Seguridad Social que correspondieran a los pagos en negro de estos años.

Estos son quienes nos piden que delatemos al pobre pájaro que intenta complementar un salario de mierda sin cotizaciones a la seguridad social, sin derechos laborales con un cobro del desempleo por las cotizaciones que él ha generado con sus cotizaciones.

Que es un fraude, sí, pero que no nos jodan.

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ACTUALIZACIÓN: Siguiendo el consejo del gran Antonio Maestre, yo también he hecho una delación en la web de la Seguridad Social y aconsejo que todo el mundo se una. Lo podéis hacer aquí. Recordad que se trata de salvar “el Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas

delata