Los juzgados y la ética

Una aclaración previa. Incluso aunque creyéramos ciegamente en nuestro sistema judicial, ello no significaría que las sentencias distinguieran entre ciudadanos ejemplares y ponzoña social. Del mismo modo que las elecciones en una democracia no deciden la verdad política sino sólo quién gobierna legítimamente, lo que una sentencia nos dice no es si alguien es ejemplar o no, sino si según las leyes se le puede condenar. Por poner un ejemplo que afecta a IU, el comportamiento ética y políticamente más bochornoso que recuerdo fue el denunciado por Xabier Agirre, del PNV en la negociación de la investidura de la Junta de Araba (si alguien no lo recuerda aquí tiene el vídeo de los dos minutos de la vergüenza). Que ese comportamiento (que nadie negó) sea indecente no es incompatible con que no sea delictivo (sí lo sería de haberse llegado a las contrataciones ilegales planteadas, pero no parece serlo el hecho mismo de plantearlas). Mientras, y también en IU, hemos tenido al alcalde del que más orgullosos nos podemos sentir condenado por corrupción: no ya imputado o procesado, sino condenado y sólo en segunda instancia absuelto (Manuel Fuentes, que fue el alcalde de Seseña que intentó parar los pies al Pocero frente a Bono, Zaplana y el juzgado de Illescas, trío en el que siempre encontró el Pocero fieles apoyos).

El Poder Judicial es uno de los (al menos) tres poderes, es el menos controlable democráticamente. Hasta ahora sólo tenemos  como factor democráticamente legitimador que el gobierno de los jueces emana en parte del Parlamento que emana de las urnas filtradas por la ley electoral. Ahora ni eso: será elegido por los propios jueces, que es como si el gobierno fuera elegido por los funcionarios. Otro factor democratizador podría ser el jurado, pero no sólo interviene en poquísimos casos sino que la podredumbre del sistema hace que los jueces puedan, por ejemplo, separar de todo un caso en el que alguien está implicado hasta las cachas una pequeña pieza referida a los regalos que recibía personalmente (al margen de lo que recibía el partido que presidía, que es lo importante pero no se le señala en ese juicio) haciendo todo lo posible para que salga absuelto (o condenado por muy poca cosa que era la gran esperanza que teníamos) y reivindicando su talla moral una vez asumida su talla milana bonita.

Más allá de ideas, hay ejemplos a puñados que demuestran que las sentencias y las instrucciones en España pueden obedecer a muchos factores, pero nunca a la lucha contra la corrupción y muchas veces tampoco a la ley ni a los hechos. Desde el caso Naseiro, la invención de la doctrina Botín, la sucesión de dimisiones de jueces que investigaban a Fabra, la persecución a Garzón por investigar la Gürtel,… nos muestran un aparato judicial perfectamente diseñado para que la gran corrupción sea intocable.

Curiosamente, desde los ámbitos más concienciados contra la corrupción aceptamos como criterio de lo inaceptable uno basado en las decisiones judiciales y además en las más arbitrarias: si está imputado debe morir, si no está imputado debemos esperar: y si es absuelto nos presentan a un héroe de la ética sin que tengamos argumentos dado que lo depositamos todo en el proceso judicial. Dado que no estamos hablando de quién debe ser condenado sino de qué comportamientos nos parecen éticos y por tanto aceptables, lo suyo sería el examen racional y crítico de cada caso, ver qué datos ciertos y comprobables tenemos y hacer una evaluación ética que no dependiera del capricho de un aparato judicial que nunca ha estado volcado en la persecución de la corrupción y cada vez lo está menos, como resulta evidente. El problema es que ante cualquier caso de corrupción el señalado nunca acepta la existencia de esos datos, plantea argumentos aberrantes y si todo eso falla denuncia que es víctima de un acoso personal y político, que alguna vez será cierto pero todas las veces se denuncia. Así que necesitamos criterios objetivos indiscutibles: la imputación, por ejemplo. Pero esto nos lleva a que ser implacables nos lleva en buena medida a ser arbitrarios.

Hace tiempo que vengo pensando en la necesidad de dotarnos (al menos las organizaciones políticas) en instrumentos objetivos pero no judiciales que sean sumamente exigentes con los comportamientos éticos y políticos (en los que se incluyan conductas no penalizables como el incumplimiento electoral flagrante, el señalado de Vitoria o incluso el mero absentismo sistemático) y que se sirva de las investigaciones judiciales para detectar los comportamientos no asumibles o sobre los que existan dudas razonables (pero que sean razonables). No tengo la solución, desde luego, pero supongo que lo primero es asumir que hay un problema.

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Por cierto, ese «hace tiempo» no es incompatible con que hace más tiempo dijera lo contrario de lo que digo en este post: que la imputación debe ser un listón infranqueable. Efectivamente mi posición ha cambiado.