Tras esperar ansiosos al Consejo de Ministros del jueves pasado, Soraya Sáenz de Santamaría nos ilustró una reunión que más parecía de un club de debate que de un gobierno: habían pensado en prohibir las transferencias en efectivo de más de alguna cantidad (sin concretar cuál sería), habían pensado un plan contra el fraude fiscal que buscaría recaudar 8171 millones de euros (no 8172 ni 8170) pero tampoco sabemos si ello quiere decir que se conforman con encontrar 2.000 millones menos que los descubiertos en 2011 ordinariamente, sin plan ni nada, o que esperan que estos 8.171 millones se sumen a los 10.000 que afloran en un año sin plan de lucha contra el fraude. Lo que parece claro es que en la mañana del jueves habían pensado cosas que resultaban razonables pero aprobar, lo que se dice aprobar, no parece que aprobaran nada relevante salvo quizás los regalos de reyes de sus hijos.
No se aprobó nada y sin embargo todos estuvimos valorando lo que habían hecho: aunque se alababa en general las propuestas, se esbozaban leves críticas. Así, el límite a las transferencias en metálico estaba bien entre otras cosas porque copiaba las propuestas de la izquierda (con un error: el programa de IU sí incluía límites a las grandes transferencias en metálico, que no computarían como gastos para el IRPF ni para el IVA) y el plan contra el fraude era poco ambicioso al fijarse un objetivo menor que el que se logró en 2011 sin plan. Así que de cara a la opinión pública el gobierno ya tiene coartada para lo demás: nos hemos quedado con la sensación de que sí se ha hecho algo, por fin, contra el fraude fiscal y ello se añade a la impresión de que ha habido una reforma fiscal progresiva, que es la que sacamos del primer Consejo de Ministros operativo en el que gravaron las rentas del trabajo con criterios progresivos, sí, pero dejando intactas las grandes rentas, las sociedades, las SICAVs, y todos los instrumentos financieros de quienes realmente mueven el dinero que falta abajo. Podrá parecer poco o no, pero han conseguido que parezca que lo han hecho.
O mi olfato falla mucho o la lucha contra el fraude fiscal anunciada por la minipresidenta el jueves será como aquel impuesto a los ricos que en el fatídico mayo de 2010 Zapatero anunció que aprobaría “en breves semanas”: como desde entonces no hubo ninguna semana más breve que otra y todas duraron sus siete tercos días de aquel impuesto nunca tuvimos noticia pero siempre estuvo apunto de ser aprobado e incluso Rubalcaba lo llevaba en el programa electoral (y ahora reprocha a Rajoy que en vez de subir el IRPF tenía que haber fiscalizado a esas altas fortunas que esperan temerosas las semanas de cuatro días).
Con el fraude fiscal lo único que realmente se ha decidido es que los inspectores fiscales serán cada vez menos. Por cada diez que se jubilen se incorporará uno con esa receta de adelgazamiento (tasa de reposición del 10%, lo llaman) que se aplica al resto de la administración excepto a los funcionarios que lleven porra, que van a ser más necesarios que nunca. Y mientras se inventan una nueva curva de Laffer según la cual a menos inspectores fiscales mejor se lucha contra el fraude fiscal, las mentes simples vemos en tal recorte una concesión a los evasores que sin duda sabrán aprovechar.
Como táctica comunicativa no es mala: salir a la rueda de prensa a anunciar que han pensado que se podría hacer x y mientras discutimos sobre x ir aprobando y. De momento el plan de lucha contra el fraude ha empezado con un fraude de consejo de ministros.
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