La Constitución española de 1978 ya venía con algún que otro defecto de fábrica muy acentuado por la manera en la que ha sido conducida. Algunas de sus virtudes nunca fueron aplicadas y desde hace años se ha instalado en el imaginario colectivo que defender la Constitución (ser constitucionalista) se resume en defender la sacrosanta unidad de la patria, la Monarquía y sobre todo el carácter sagrado de la Transición (entendida como periodo que terminó hace más de 30 años). Los síntomas de colapso de la Transición (entendida como régimen actual) empezaron antes de la crisis económica y mostraron que los problemas aplazados en 1978 son irresolubles sin cambios profundos. Uno, el territorial, pues no hubo posible encaje en nuestro estado autonómico de un Estatuto catalán aprobado en el Parlament y en referendum popular en Cataluña y eso, se lea como se lea, revela un problema no resuelto. Otro es el de la memoria democrática, problema que demostró su dimensión al imponerse una alianza entre la alta judicatura, Falange y el fascismo de Manos Limpias para evitar un sumario que trajese anclajes democráticos a la memoria política española, es decir, a nuestra identidad (cuya identidad es hoy la consecuente de una memoria que no identifica como crimen el genocidio franquista).
La crisis vino a un edificio en mal estado y demostró por fin que el edificio no da para más. La democracia es (debería ser) un modelo organizativo para que sea el pueblo el que mande sobre sí mismo. Y llegada la crisis económica hemos constatado que aquí manda mucha gente pero nunca el pueblo: ni siquiera la gente que el pueblo elige hace otra cosa que obedecer órdenes de arriba y gestionar ese mandato. Los cimientos de la Transición están en el origen de muchos de nuestros males: se conservó una oligarquía política que había estado profundamente hermanada con la oligarquía económica. El tardofranquismo ya se había apoyado en el ladrillo y el turismo como grandes fuentes de crecimiento económico mientras se comenzaba a abandonar la industria y esa vía se continuó con gran éxito de crítica y público.
Asimismo, la ley electoral que hoy padecemos (ley D’Hondt aplicada a la circunscripción provincial) se diseñó antes de la Constitución para marginar a Alianza Popular y al PCE y primar un bipartidismo turnista (UCD y PSOE) impulsado económicamente desde el exterior (ya entonces desde Alemania se empezó a financiar a quienes pudieran contener a la izquierda real). Las élites políticas asumieron que los votos no podían ser más que instrumentos para legitimar las decisiones que realmente se tomaban en otras esferas y así se facilitó el diseño partidista impulsado desde EEUU y Alemania, se impidió que concurrieran a las elecciones constituyentes los partidos que no renunciaran a la República (ERC, Izquierda Republicana), se aceptaron cláusulas constitucionales que venían en papelitos sin posibilidad de discusión (el encargo al ejército de mantener la unidad de España),… Todo ello ha marcado las costumbres políticas de estos 35 años.
Uno no negará nunca que durante los primeros años de la Transición hubo logros y aciertos, pero convendría que tampoco neguemos que se aplazaron conflictos por resolver y (evitablemente o no) se aceptaron losas que pesaron después sobre el régimen naciente. Y que lo aplazado nunca se resolvió del todo y las losas cada vez pesan más.
Otras grietas del edificio fueron generadas por el mal uso. Si bien en los primerísimos años se intentó modernizar algunas de las miserias que dejaba el franquismo y se impulsó un Estatuto de los trabajadores y un mínimo Estado de Bienestar, desde entonces toda evolución de los mismos ha sido para su desmantelamiento. Si los españoles escuchamos “reforma laboral” nos echamos las manos a la cabeza porque ni se nos ocurre que sea para garantizar pleno empleo, reparto de trabajo y seguridad laboral. Los últimos veinte años son los años de las privatizaciones, que empezó Felipe González, aceleró Aznar, retomó Zapatero (Aena, Loterías) y culminará Rajoy. El único avance de estas décadas, la non nata Ley de Dependencia, adoptó el modelo del liberalismo social (cheques) en vez de generar servicios públicos como se habría hecho desde la socialdemocracia: por eso es mucho más fácil mandar al guano la Ley de Dependencia que cargarse la sanidad y la educación pública, aunque todo se puede andar.
Llevamos 35 años en los que el poder político y económico, valga la redundancia, han planteado siempre a la ciudadanía un chantaje consistente en plantear todo proyecto del poder como la única forma de democracia posible: o accedíamos o el caos. Ya fuera la Ley para la Reforma Política, la Constitución de 1978, la OTAN, Maastricht, la Constitución europea, los recortes que hay que hacer porque hay que hacerlos, o ese Tratado (o reglamento: lo que exija menos controles populares) que se cocinará donde sea, será presentado por Merkel y Sarkozy y los demás adoptaremos tenga el contenido que tenga: ya explicó ayer Rajoy que, sin necesidad de negociar, proponer, ni objetar nada “España estará desde ya en el nuevo tratado“. No nos hemos apartado ni un milímetro de las peores costumbres políticas de aquellos años independientemente de que estuviéramos en años de bonanza, de crisis, de alarma o de serenidad. Siempre hemos hecho lo que hay que hacer. Y los logros de aquellos años cada vez están más difuminados: mientras el lastre cada vez pesa más y con más vigencia, los logros cada vez son más un mero recordatorio.
Toda esta sensación de colapso cristalizó en agosto con la reforma express de la Constitución dictada, como entonces, en un papelito mientras por fin en las plazas y en las calles había gente reclamando cambios sustanciales hacia mayor democracia y justicia social. El PP y el PSOE se erigieron como testaferros del verdadero poder político y económico y dejaron de disimular. No hay más que ver cómo Rajoy ejerce su pregobierno entrevistándose sólo con el poder económico español (todos los banqueros) y con los gobernantes extranjeros: cuando baje de la montaña nos contará los mandamientos recibidos y los gestionará, puede que incluso con algún ministro llorando porque no le gusta hacer lo que hace pero lo hace porque es lo que hay que hacer. Lo que hasta ahora era la interpretación de los sectores más críticos hoy es una evidencia que nadie disimula.
Se puede compartir el análisis respecto del origen o no. Uno puede pensar que la Transición fue maravillosa o que fue horrenda o que tuvo de todo un poco, que Maastricht y Lisboa no estuvieron mal para lo que había o que fueron la receta para este desastre. No creo que esa discusión sea fructífera hoy. Nuestro edificio colapsa dentro de un barrio, el europeo, que también colapsa. No hay semana en la que no estemos al borde del apocalipsis, en la que no haya que tomar la decisión que lo salve todo, sea una refundación de la UE, la creación de eurobonos, calmar a los mercados, un gobierno de tecnócratas aquí y allá o una urgentísima reforma laboral (aunque ya nos avisan de que no servirá para crear empleo). El agua se cuela por mil grietas mientras la tripulación sólo intenta arreglar su bote salvavidas.
Está bien que haya quien hoy homenajee a una constitución que descansa en paz. Es evidente que estamos en pleno proceso constituyente y, o lo lanzamos por la vía formal, o se impondrá informalmente lo cual quiere decir siempre que se impondrá desde arriba. Que repartan los canapés y las croquetas (y un vino español) que haya en la Carrera de San Jerónimo no debería preocuparnos. Lo relevante, lo urgente es ir generando estructuras constituyentes: eso es lo que deberíamos estar celebrando hoy.
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