No es muy sencillo encontrar referencias a quiénes fueron detenidos en la operación del bar Faisán en los artículos periodísticos que hablan de la filtración: hay que irse a la prensa de aquellos días. Ahora apenas en una información de El Mundo (disponible en su versión gratuita en internet, Libertad Digital), tan prolijo en datos sobre el caso: se cita a uno de los detenidos, Julen Madariaga, como fundador de ETA que al parecer habría afirmado que Zapatero estaría sorprendido por su detención. Por supuesto no se explica que Julen Madariaga había roto mucho antes con Herri Batasuna para ser también uno de los fundadores de Aralar, esa fuerza que se ponía como reiterado ejemplo de que se puede ser independentista vasco y legal si se rechaza la violencia de ETA (hasta que se ilegalizó Sortu). Tampoco se cita en los principales periódicos a Gorka Aguirre, dirigente del PNV ya fallecido. Por supuesto no se recuerda que fueron detenidos pero nunca siquiera juzgados y mucho menos condenados.

A Julen Madariaga y Gorka Aguirre, ambos contrarios a ETA, se les detuvo por ser miembros del aparato de extorsión de ETA en una operación ordenada por Grande-Marlaska a principios de mayo de 2006, en plena tregua y proceso de negociación entre ETA y el Gobierno según un mandato parlamentario. Es la operación que, según el escandaloso caso, el gobierno habría tratado de dificultar filtrándola al propietario del bar Faisán. Veinte días después de aquella operación el mismo juez, Grande-Marlaska, ordenó la detención de Arnaldo Otegi por pertenencia a banda armada: la acusación tenía tanta solidez que se permitía a un supuesto terrorista salir en libertad si pagaba una fianza de 40.000 euros. Como las de Julen Madariaga y Gorka Aguirre, aquella detención de Arnaldo Otegi nunca terminó en juicio.

Según cuenta el periodista Fernando Jáuregui en su libro La decepción en cuanto Grande Marlaska detuvo a Otegi recibió una nota de un alto responsable del ministerio del Interior dándole la enhorabuena: “por fin lo has conseguido, te has cargado el proceso de paz“, vendría a decir tal nota.

Las detenciones del bar Faisán, como muchas de las actuaciones de Grande Marlaska durante la tregua, no formaban parte de una operación judicial contra ETA sino de una operación contra el proceso de paz. Nadie duda hoy de que las personas más conocidas de aquella operación Madariaga y Aguirre no formaban parte de ningún aparato de extorsión de ETA. Julen Madariaga sí que ha afirmado alguna vez que el gobierno le pidió que facilitara el acercamiento con la izquierda batasuna: no formaba parte de ETA, a la que se oponía, pero sí formaba parte del proceso de paz. El papel protagonista de Otegi en aquel proceso de paz es innegable más allá de la valoración que cada uno haga de tal papel.

Si desde un despacho judicial se intentaba poner trabas al proceso de paz deteniendo a gente que nunca fueron juzgadas porque no había ningún delito que juzgar, el gobierno cumplía con su obligación mínima al defender un proceso legítimo y posteriormente avalado judicialmente en el juicio contra Patxi López por hablar con Otegi: hasta ese absurdo judicial hemos llegado. Ojalá hubiera sido más constante en la defensa del proceso de paz y más decidido en su impulso. El gobierno hacía lo que debía mientras el juez era un incompetente que detenía por terrorismo a personas que no habían cometido delito alguno o bien un malintencionado que aprovechaba su toga y los calabozos de su juzgado para obstaculizar la acción legítima del gobierno.

Visto con perspectiva, no estaría mal preguntarse por esas actuaciones de Grande Marlaska. Ahora que se han puesto en marcha los juicios por prevaricación contra otros (contra otro, sólo el juez que también investigó los crímenes de la dictadura), ¿no debería algún juez investigar la constancia que tuvo Marlaska en detener personas que nunca fueron juzgadas, y que por tanto eran inocentes, pero cuya detención siempre tenía la consecuencia política de dificultar un proceso de paz mandatado por las Cortes?