‘Respeto a todas las agencias de rating’ dijo ayer Zapatero ‘aunque como presidente del gobierno de España en quien confío es en el Banco de España’. Moody’s nos sacudió otro bofetón. Decidió adelantarse unos días y explicar que los bancos españoles necesitan 40.000 millones de euros y no los escasitos 15.000 de los que iba a presumir el Banco de España un par de horas más tarde. Y como damos por hecho que si los bancos necesitan dinero lo pondremos entre todos, Moody’s rebaja la valoración de la deuda pública española por la existencia de esa deuda de los bancos y cajas (valga la redundancia).
Con ello los perjudicados somos nosotros, la ciudadanía: quienes casi firmaríamos que el gobierno no volviese a la carga con agresiones antisociales durante medio añito al menos. Pero hay un grupo que se beneficia de la reducción de la valoración de la deuda española: quienes la vayan a comprar, que, oh casualidad, son los principales clientes de las agencias de rating. Son también los especuladores en bolsa, los fondos de inversión,… que ayer pudieron hacer caja vendiendo caro a primera hora. Y que se benefician de la desaparición del Estado que propician con sus informes: la reducción de las pensiones públicas, por ejemplo, supone la mejor publicidad de los planes de pensiones privados, esto es, de que haya más dinero en bolsa y por tanto se revaloricen las propiedades… de los clientes de las agencias de rating. Y como el cliente siempre tiene la razón ayer valorábamos estupendamente a Lehman Brothers y hoy pésimamente la deuda española: no es nada personal (ni científico), son sólo negocios.
Los periódicos golpes de estado que están dando los mercados desde mayo de 2010 siempre usan como vanguardia armada a las agencias de rating. Éstas sacuden un informe penoso sobre la economía que se quiere hundir (la griega, la irlandesa, la portuguesa, la española). Hasta los pequeños especuladores saben que los peces gordos son quienes han dado la señal, así que el dinero sale despavorido de la bolsa local. El gobierno, aterrado, se pone en manos de sus asaltadores: ¿Qué queréis esta vez? ¿Privatizo el aire? ¿Prohíbo el subsidio de desempleo? Una vez pagado el rescate tenemos tres o cuatro meses de calma hasta que los clientes de la agencia de rating tengan más sed de sangre o la agencia en cuestión quiera ofrecer un detalle a su gente.
Zapatero dice que respeta a las agencias de rating, aunque su referencia moral es el Banco de España, ese que antes de ayer era neoconservador. Las respeta hasta el punto de que el estado sigue pagando por ser sacudido por Moody’s: forma parte del chantaje (si la deuda española no es valorada por las agencias de rating, no la compran los clientes de las agencias de rating: ¿os imagináis qué chollo si pusiéramos el precio de los productos de El Corte Inglés o los tipos de interés de las hipotecas del Santander sus potenciales clientes?).
Un grupo de abogados (Gonzalo Boye, Jaime Assens, Enrique Santiago…) han promovido una querella a la que se ha adherido Izquierda Unida contra Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch. Afirman que estas mafias han violado los artículos del Código Penal 284.2 (“Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a los que difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad“) y 285 (“Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o para un tercero un beneficio económico superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años“).
Los gobiernos no están para respetar a los golpistas, sino para defender a las sociedades de quienes las agreden. Está claro que ni el gobierno ni los partidos turnistas tienen ninguna voluntad de cumplir su obligación. Por eso lo hacemos otros.
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