En las últimas elecciones europeas Izquierda Unida iba a llevar en su tercer puesto a Montse Muñoz, alcaldesa de San Fernando de Henares hasta un par de años antes. Pocos días antes de aprobarse la lista electoral de IU, el Partido Popular se inventó una denuncia por corrupción y el juez imputó a Montse Muñoz pese a que era evidente su inocencia. Sin esperar a que nadie mencionase el código ético de Izquierda Unida (que exige que ningún imputado por delitos de corrupción vaya en las listas de IU) Montse renunció a estar en la lista. IU aprobó su candidatura y pocos días después el juez archivó la causa señalando que la denuncia no tenía ningún sentido.
Algún mes después el Partido Popular se volvió a inventar un delito para el alcalde de San Fernando de Henares, esta vez Julio Setién. El recorrido fue muy parecido con la diferencia de que no había elección de ninguna lista por medio: el juez citó al alcalde en calidad de imputado y archivó a los pocos días la denuncia por ser un vil invento. Es algo que suelen hacer los jueces incluso para garantizar los derechos del acusado: el imputado tiene más garantías que el testigo. Sin embargo la exigencia del código ético de IU hace que esa tendencia ponga en manos de los inventores de delitos (¡precisamente de un partido como el PP de Madrid que tantos delincuentes tiene en sus listas!) la configuración de candidaturas.
Recuerdo esto por la campaña que está circulando en internet para que los partidos no incluyan corruptos en sus listas. El listón que pone la petición es el mismo que se pone Izquierda Unida a sí misma: la imputación por delitos de corrupción. Es obvio que no todo imputado es un corrupto. Ni siquiera todo procesado, ni todo juzgado. Supongamos que sí lo es todo condenado (y muchas de las personas no condenadas, dado que en los casos de corrupción los jueces son especialmente sensibles a la presunción de inocencia). Pero no es la presunción de inocencia lo que está en juego: la presunción de inocencia es un derecho ciudadano, pero no todo ciudadano está en alguna lista electoral, así que dado que hay que introducir criterios de selección uno de ellos puede ser la excesiva prevención para que no haya ningún corrupto en las instituciones: evidentemente algunas personas totalmente inocentes dejarán de estar presentes en las listas; pero hay un secreto que no todo el mundo conoce: algunos de quienes no iremos en ninguna lista electoral tampoco somos corruptos y no por ello sentimos vulnerado ningún derecho fundamental.
El problema no es de presunción de inocencia sino de vulnerabilidad ante otra forma de corrupción política. El listón de la imputación combinado con la práctica habitual de los tribunales españoles de primero imputar y luego preguntar hace que los partidos canallas que se inventan la corrupción ajena para generar un clima en el que toda la política es mierda (con el objetivo de enmascarar dónde está la mierda a puñados) otorga una ventaja tremendamente injusta a quienes en vez de combatir la corrupción se dedican a jugar con ella. Defiendo la rigidez y amplitud de ese límite, pero creo que habría que oponer alguna medida para evitar su efecto bumerán. Tales podrían ser la introducción de la figura del acusado con tantas garantías procesales como el imputado pero sin que ello supusiera la existencia de indicio alguno, sino sólo la existencia de acusación (que es como en el fondo usan los jueces la imputación salvo en el caso de peces gordos). Otra posibilidad sería elevar el listón del veto a los procesados por delitos de corrupción, que siguen gozando de presunción de inocencia, pero para llegar a esa situación sí que la denuncia tiene que tener alguna sustancia. Lo que sí sería exigible es una dura sanción judicial y política para quienes se inventaran denuncias por corrupción y presentasen acusaciones sin pies ni cabeza: cualquier juez sabe distinguir entre una denuncia razonable aunque finalmente no acabe en condena de un invento obsceno sin más objeto que la difamación. Quienes, como el Partido Popular de San Fernando de Henares pretenden llevar a su lodazal a ciudadanos de cuya honorabilidad son perfectamente conscientes, deberían sufrir penas análogas a las de quienes una vez en el poder se sirven de lo público para sus intereses privados.
Obviamente esto son matices que no afectan a lo principal. Acabo de firmar la petición y en tanto en cuanto IU no introduzca matiz alguno a su código ético deberá seguir aplicándoselo, que para eso lo ha asumido. Pero si de verdad exigimos una profunda limpia de nuestras instituciones (tan urgente como imposible sin tocar sus cimientos) deberíamos tener en cuenta las artimañas que siguen usando los corruptos y sus cómplices para seguir aprovechando ilegítimamente su ausencia de ética. Es decir, promovamos todas las reformas necesarias para tomarnos la corrupción como algo extremadamente grave, para que efectivamente no haya nadie en las instituciones que haya jugado con la corrupción para beneficio privado.
Reconozco, en cualquier caso, que lo que planteo son chorradas al lado de la desvergüenza con que apoyan a sus corruptos los partidos turnistas.
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