Sinceridad, cuarentena, de la noche a la mañana. Cuando se veía que la cosa iba en serio, que la izquierda abertzale efectivamente estaba en el camino de renunciar al crimen como instrumento para la política muy pocos tuvimos la osadía de constatar que, con todas las dificultades, estaban pasando cosas. La cantinela oficial a cada declaración era que estábamos ante más de lo mismo. Pero allí donde hay pavor a que las cosas se muevan se retorcían los argumentos con tanta obscenidad que era evidente que sólo podían estar observando lo mismo que nosotros: que las cosas se movían (para bien, según quienes deseamos la paz; para mal, según quienes temen la paz). Uno de los momentos cumbres del absurdo político fue la propuesta del pizpireto Antonio Basagoiti de mantener a la izquierda abertzale en una cuarentena democrática de cuatro años. Entonces hubo consenso: era una chorrada. Hoy hay mucha tertuliada en esa posición, que es la que defiende buena parte del PP y del PSOE (Ramón Jáuregui, por ejemplo): No se puede cumplir la ley de la noche a la mañana, hay que esperar un tiempo, ver qué pasa, hechos (¿qué hechos podría haber salvo que haya un asesinato de ETA y lo rechacen o no?). La izquierda abertzale puede no estar siendo sincera, nos dicen. Y llevan razón.
De los tres cursos que hice de Derecho se me quedaron algunas ideas. Una era que con la voluntad no se delinque. Uno puede desear matar a alguien, pero mientras no haga algo (aunque sea por omisión) para que su voluntad se lleve a efecto tal voluntad es jurídicamente irrelevante y del mismo modo es irrelevante jurídicamente la sinceridad o insinceridad en el cumplimiento de la legalidad: lo relevante es si ésta se cumpla. La ilegalización del nuevo partido supondría una restricción de derechos fundamentales (el de asociación y el de sufragio pasivo al menos), sólo justificable si existe evidencia de que la alternativa es una violación real de derechos fundamentales que primen sobre éstos (supongo que sólo cabría la vida, la integridad física…). Y aquí no cabe presunción de intenciones. Como dice esta mañana Isaac Rosa, si es una trampa se la han currado: cuatro veces han incluido en los estatutos el rechazo a la violencia de ETA e incluso se afirma que quien use la violencia en cualquiera de sus formas o amenace con usarla será expulsado del partido. En los estatutos del PP, del PSOE, de IU no existe ninguna cláusula así, hasta el punto de que a algunos violentos (los agresores de Bono en aquella mani de Alcaraz, Barrionuevo, presente en un acto del PSM hace pocas semanas) PSOE y PP los han arropado con saña. Si quieren ilegalizar el partido que ayer se presentó sin poner al aire sus vergüenzas democráticas tendrán que usar argumentos más sólidos que los que se usan en la barra de un bar o de una tertulia de TDT. No vale que no son sinceros o que son unos hijos de puta. ¿Qué artículo de qué ley incumple el partido que pretende ser registrado?
¿Se podrán presentar a las municipales? Cuando terminó el acto de presentación del nuevo partido ayer no hubo medio de comunicación digital que no publicase una encuesta de esas tan inútiles sobre si el nuevo partido debería poder presentarse a las elecciones municipales. Ninguna encuesta preguntaba por la legalización a secas del nuevo partido, sino sólo por su concurrencia a las elecciones municipales. Cualquiera que haya seguido mínimamente lo sucedido en el último año y medio en Euskadi constata que los cambios van a impedir las ilegalizaciones sine die. No se debate sobre la futura legalización, que implícitamente o no todo el mundo da por hecha, sino sobre la concurrencia a las elecciones de mayo.
Habrá quien haga cálculos: ¿cuántos ayuntamientos nos quedaríamos si éstos no pueden ser votados? Basagoiti no disimulaba: su cuarentena no era de tres años ni de cinco, sino de cuatro, una legislatura, un mandato de los gobiernos salidos de urnas que le favorecen artificialmente. Sin entrar en la aberración democrática del cálculo la esterilidad del mismo es hoy evidente: supongamos que ilegalizan a este partido y la izquierda abertzale pide el voto para un partido legal, uno que fue incluso socio del PSE y puso a Rosa Díez de consejera vasca de turismo. Si la izquierda abertzale pide el voto para Eusko Alkartasuna, una hipótesis nada improbable, el resultado de las municipales será el mismo que se quiere evitar. Pero el Estado habrá perdido una ocasión de oro para mostrar que era sincero al decir que o bombas o votos y que la ilegalización habría terminado cuando la izquierda abertzale se decantó expresa y contundentemente por los votos. En el caso contrario, si permiten que se presenten y luego resulta que efectivametne estamos ante una elaboradísima trampa, el PP y el PSOE tienen en su mano una norma que acaban de aprobar por la que se puede desalojar de los ayuntamientos a los concejales que amparen la violencia: si la presunción de que van en serio fuera errónea, también serían reversibles sus efectos. Ya que no entra en juego ser o no demócrata, desde el punto de vista tacticista tampoco se entiende qué ventajas tendría negarles la oportunidad y la responsabilidad de ser coherentes con las declaraciones públicas y el mandato de sus bases de todos estos años.
Decidirán los tribunales. La réplica a la furia pepina está siendo en muchos lares que el gobierno no ilegaliza partidos. Y no es del todo cierto. Si ni el gobierno ni la mayoría del Congreso (para la cual es necesario el PSOE) piden la ilegalización de un partido es imposible llevarla a cabo: es una de las aberraciones de la Ley de Partidos. La fiscalía puede actuar, tal como anunció Rubalcaba, sólo si el gobierno hace lo que pide el PP: impugnar el registro del nuevo partido. Por mucho que use una retórica propia de Pilatos, la Ley de Partidos impide que se ilegalice un partido sin el impulso ilegalizador de los partidos mayoritarios. El gobierno optará: o intenta la ilegalización o no. Si la intenta, estará con el PP: el discurso de González Pons y Cospedal será coincidente con las prácticas del gobierno, como en tantos asuntos. Si no intenta la ilegalización, habrá un partido legal más dentro de quince días. La Ley de Partidos es así: facilita la arbitrariedad y deja en manos de la mayoría del parlamento y del gobierno (valga la redundancia) la legalidad de los partidos minoritarios (ese mecanismo impide que un partido mayoritario pudiera ser ilegalizado por mucho que violaran la ley). Que al goberino le parezca ahora que es una patata caliente que no va con ellos es su problema: haber hecho una ley más propia de un Estado de Derecho. Hicieron una ley para las ilegalizaciones políticas y ahora tienen que hacer política y mojarse.
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