Según están anunciando varios medios de comunicación esta mañana el gobierno, la CEOE y los sindicatos estarían a punto de cerrar un acuerdo sobre las pensiones y la edad de jubilación. Falta conocer el resultado final pero según lo filtrado (hasta ahora parece que todas las filtraciones a la prensa las ha hecho el gobierno) parece que supone la flexibilidad de la edad de jubilación de tal forma que si uno ha cotizado 39 o 38 años (eso es lo que falta por acordar según El País y Público) cobraría el total de su pensión mientras que quienes hayan cotizado menos años sí tendrían que trabajar hasta los 67. Con matices añadidos (sobre todo la supuesta renuncia del gobierno a cargarse los convenios colectivos a través de su ultraactividad) en eso consistiría el acuerdo según los medios que a estas horitas de dios difunden la inminencia del mismo.
Si tal es así, que está por ver, el acuerdo supone un recorte de derechos sociales. CCOO y UGT habrían logrado frenar parte del enorme ataque que pretendía el PSOE: es de suponer que habrán medido sus fuerzas (también las internas) y habrán considerado que el acuerdo es la mejor de las situaciones posibles. Uno no comparte tal análisis, especialmente porque estamos inmersos en un ciclo largo de agresiones sociales y este acuerdo dificulta sumar fuerzas para enfrentarse al próximo golpe. Además, de producirse el acuerdo que detallan los medios, esa flexibilidad en la edad de jubilación vendría a acentuar una falsa línea de confrontación entre unos trabajadores y otros, pues serán los que tengan un currículo más precario quienes tengan menos años cotizados (entre trabajo basura y trabajo basura siempre hay lapsos de paro que dificultan sumar años de cotización) y por tanto se consolidará ese imaginario colectivo que señala a unos como trabajadores privilegiados simplemente por tener los derechos que no deberían haber perdido los demás trabajadores. Lo que ahora sucede contra los funcionarios se extendería entre el conjunto de trabajadores. Coincide que esos trabajadores supuestamente privilegiados son los que han conseguido sindicarse mientras que aquellos trabajadores que pagarán el pato, quienes a partir de un acuerdo así no podrán jubilarse a los 65 años, son quienes deberían ser objetivo prioritario de los sindicatos: su desorganización es la principal fuente de debilidad de las fuerzas sociales.
Para Izquierda Unida la posibilidad de tal acuerdo supone la necesidad de entender su nuevo papel político al menos desde mayo de 2010. Entregado el PSOE al liberalismo económico más radical, IU tiene que asumir que su papel no es el de tirar del gobierno de turno hacia la izquierda, sino que es la única fuerza política que puede aspirar a gobernar con un programa político de izquierdas. Los sindicatos tienen que confrontar y negociar con los poderes políticos que hay, con la relación de fuerzas vigente. IU tiene que presentarse capaz de modificarla, saberse tenedora de un programa pensado para gobernar, que será la única forma de convencer de algo que según las encuestas puede ser difícil, pero según la realidad es imprescindible.
Sólo desde ese convencimiento se podrá ejercer la autonomía entre fuerza política y sindicatos sin que ella lleve ni a la subalternidad ni al enfrentamiento. IU no tiene más remedio que oponerse en las instituciones a ese recorte de pensiones y ampliación de la edad de jubilación de los trabajadores con trayectoria más precaria: no tiene más remedio porque va en la línea opuesta de lo que hará IU el día que gobierne. Pero tampoco puede enfrentarse a los sindicatos cuyo retorno al desprestigio sería letal para toda la izquierda como vivimos en el preámbulo de la huelga general. Sólo cabe señalar la diferencia de papeles: no es lo mismo negociar como fuerza sindical ante una relación de fuerzas durísima que sólo cambiará a medio plazo (mientras la agresión era inminente), que defender un programa de gobierno ante una realidad social y política que se intentará cambiar en la calle y en las urnas.
Evidentemente cabe cuestionar las virtudes del acuerdo aparentemente alcanzado. Cabe señalar la necesidad de reforzar el sindicalismo mediante su unidad también con los sindicatos minoritarios y los mayoritarios en determinadas zonas que hoy convocan huelga general en algunas de ellas sin que parezca que ello tampoco haga temblar a nadie que no disfrute con la división. Para ello haría falta la generosidad y comprensión de la dificultad de la situación por parte de todos ellos. Lo que no cabe es situar las barricadas entre quienes luchamos con más o menos fuerza y acierto contra los ataques sociales. El enfrentamiento no puede estar entre nosotros. Las diferencias que haya tienen que ser sobre cómo luchar juntos contra las agresiones que seguiremos recibiendo. Si no es así, las risotadas en las sedes del PSOE, del PP y de la CEOE se oirán hasta en Bruselas para tranquilidad de los mercados.
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