Las personas de la foto quieren montar un partido que ocupe el espacio de la izquierda abertzale ilegalizada. Van a presentarse en el registro de partidos políticos del ministerio del Interior a lo largo de este mes. Quieren aprovechar el parón de ETA que, según el señor que está en el centro en primera fila, anunciará inmediatamente pasos importantes hacia su fin. Además sitúan todo este proceso como consecuencia de la declaración de Gernika, en la que se escenificó el camino común que están dispuestos a comenzar los partidos independentistas más o menos de izquierdas vascos. No estoy suponiendo nada: la foto es de una comparecencia pública en la que los fotografiados anunciaron todo esto en castellano y en euskera para que nadie se quedara sin entenderlo.
Ayer la fiscalía de la Audiencia Nacional, esa cuya independencia quedó demostrada en los papeles de wikileaks sin que haya habido dimisiones todavía, pidió diez años de cárcel para Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra. Se les acusa de intentar montar un partido que ocupe el espacio de la izquierda abertzale ilegalizada, que intente aglutinar a las fuerzas independentistas y que aproveche para ello parones de ETA. Los acusados no dieron una rueda de prensa para anunciar que eso era lo que harían sino que fueron detenidos cuando estaban reunidos en la sede de LAB, un sindicato plenamente legal en cuya sede todavía no se ha prohibido la celebración de reuniones.
Según la fiscalía lo malo de esa reunión es que el plan no era de los reunidos, sino de ETA. Para ello aporta como prueba una documentación incautada que sorprendentemente y a diferencia de otras veces no publica ningún medio de comunicación afín a las ilegalizaciones: si viéramos negro sobre blanco tales órdenes de ETA se volvería a diluir la ilusión de que es la izquierda abertzale la que esta vez lleva las riendas. El único medio que hace referencia al contenido de tal documentación es Gara, tan poco imparcial en esto como los medios que no explican de dónde se saca la fiscalía que todo es un plan de ETA. Según Gara,
Pese a sostener que ETA dirigía todas las actuaciones de los procesados, el escrito de la Fiscalía -al igual que hacían los autos de Baltasar Garzón- recoge documentación que contradice dicha afirmación. De hecho, en un escrito que dicen que se titula «Komunikazio Orokorra», la organización armada vendría a mostrar su malestar porque no se hiciera caso a sus directrices, poniendo como ejemplo la apuesta electoral por Iniciativa Internacionalista.
En la reunión en la sede de LAB también estaba Rufi Etxebarria, el señor del centro de la foto que anunciaba en castellano que las personas que salen en la foto están haciendo exactamente lo mismo que las ocho personas a las que la fiscalía pide diez años de cárcel. Así que hay dos alternativas: o la fiscalía pide la inmediata detención de todas esas personas (que son muchas y quedaría muy feo internacionalmente, pero se nos repite hasta la saciedad que la aplicación de la ley no depende de cuestiones políticas ni de imagen) o la fiscalía dispone de datos (que por primera vez no filtraría a la prensa) según los cuales el partido que quieren montar los de la foto se diferencia del que querían montar los reunidos en la sede de LAB en que los primeros no obedecían órdenes de ETA. Si esto es así, cuando en las próximas semanas lleven al registro de partidos la inscripción de tal nuevo partido la fiscalía no moverá un dedo por impedir su legalidad y si alguien lo hace la fiscalía defenderá con uñas y dientes que no existe prueba alguna de que el nuevo partido sea una idea de ETA (por eso no ha pedido que se detenga y condene a diez años a todos los de la foto) y que por tanto el partido debe ser legal.
Hay una tercera opción. Que la fiscalía actúe por criterios políticos: que pida penas durísimas para Otegi y quienes se reunieron con él para lanzar el mensaje de que no se cede; que no encarcele a todos los de la foto porque propagandísticamente sería desastroso; y que llegados a la legalización o no del partido anunciado no se rija por criterios legales ni supuestos documentos probatorios sino por lo que resulte más apropiado para la táctica del ministerio del Interior. Pero no podemos ni imaginarnos que esta tercera opción sea la buena: querría decir que la fiscalía está actuando injustamente a sabiendas. Y no. Nuestra fiscalía, no.
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