Es también una condena para partidos pequeños y candidaturas minoritarias. Da igual si plantean una campaña diferente, si ofrecen ideas nuevas o singulares desde el punto de vista periodístico. A causa de la nueva norma, están condenados a conformarse con un espacio mínimo o sencillamente a la más absoluta invisibilidad.

Íñigo Sáenz de Ugarte, Caciques

Eclipsadas por el batacazo de la Ley Sinde el jueves pasado se aprobaron varias leyes más. Una de ellas era la culminación del robo electoral acordado por quienes se llevan el botín. En esa inmovilista reforma se incluyó también un cambio que afecta mucho más al derecho a la información y a la libertad de expresión que a las elecciones en sí. Se trata de la obligación de los medios de comunicación privados de informar durante la campaña electoral sobre los distintos partidos en proporción a su peso parlamentario.

Doy por hecho que Íñigo Sáenz de Ugarte lleva razón en la cita que he puesto. Si PP, PSOE, PNV y CiU acuerdan esta reforma no puede ser por su (descartado) espíritu democrático, sino para copar aún más la información. Sin embargo no soy capaz de entenderlo. Si uno se informa a través de los informativos de Cuatro, Telecinco, La Sexta y/o Antena 3 no tiene forma alguna de saber quién es el coordinador de la tercera fuerza española; supongo que lo poco que sabrán sobre IU es que el FBI tomó una foto de Llamazares para hacer un retrato robot de Bin Laden, y eso por lo chusco de la situación: si en vez de ser un diputado que representa a cientos de miles de votantes fuera un señor de Ponferrada que regenta una carnicería, también habría salido en esos informativos (y habrían sacado las declaraciones de sus clientes diciendo que parecía un señor normal, pero que es cierto que cuando descuartiza conejos da un poco de miedo). Hay programas de radio supuestamente progresistas en cuyas tertulias de políticos aparece Nafarroa Bai, Coalición Canaria y hasta un partidito tránsfuga de una autonomía (previsiblemente extraparlamentario también allí a partir de 2011) pero se oculta la existencia de IU. Con la nueva ley IU aparecerá poquísimo, mucho menos de lo que le corresponde por voto (catorce veces más de lo que le correspondería por escaños) pero la increíble novedad es que aparecerá.

Ignacio Escolar también criticaba la ley: en Los periodistas sobramos explicaba que “dará igual si se molestan en responder a los periodistas o si se limitan a soltar su mitin: cada candidato tendrá cada día de campaña su parcelita garantizada en televisión“. Y llevaría razón si hasta ahora los medios se hubieran rebelado contra las ruedas de prensa sin preguntas, no dieran noticias de aquellos mítines cuya señal les ha sido dada enlatada sin acceso de sus cámaras o hubiesen reflejado la vida parlamentaria donde están todos los partidos. Pero no. Como los únicos partidos que dan ruedas de prensa sin admitir preguntas y hacen la realización televisiva de sus mítines son los partidos grandes, el examen es sencillo: probad a buscar imágenes en televisiones privadas de una rueda de partidos pequeños, encontrad algún breve sobre el último mitin de IU, de UPyD o del Partido del Cannabis, mostrad la información sobre la manifestación (exitosa) del 27 de junio convocada por IU, rastread en los archivos de las televisiones privadas si existe algún partido que se oponga a la reforma laboral, a la reducción de las pensiones, a las privatizaciones…

Ya digo que estoy seguro de equivocarme, dado que los autores de la norma no han impulsado el pluralismo en toda su existencia y ese artículo iba en una reforma legal que impulsaba aún más la uniformidad institucional al margen de la pluralidad popular. Seguro que llevan razón Íñigo Sáenz de Ugarte, Ignacio Escolar y Juan Varela (que también escribió contra la norma). Pero no entiendo los argumentos que dicen que se cercena el pluralismo dada su radical inexistencia en la televisión privada (que, recordemos, es un servicio público y usa el espacio radioeléctrico público).

Por supuesto cabe (y está pendiente) la discusión sobre el potencial conflicto entre la libertad de prensa de los medios y el derecho a la información de los ciudadanos. Pero también el del ejercicio libre de su trabajo de los periodistas de medios privados (y en muchos de los públicos). En los tres artículos que cito se critica que dejará de haber un criterio periodístico a la hora de seleccionar qué es noticia y qué no, si debe tener más presencia en el informativo de hoy la última boutade de Cospedal en el chiringuito o una interesante propuesta del BNG. Y eso sólo me genera desconcierto. Quizás soy un ingenuo al suponer que el tipo de información política que dan en Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta… no se debía al criterio periodístico de los trabajadores de las cadenas sino a las instrucciones empresariales de sus directivos. Y que por tanto una norma como ésta cambiaba quién dictaba las prioridades: el dueño de las acciones o la gente con sus votos (filtrados injustamente por la ley electoral). Pero si quienes saben mucho más del tema (¡es su trabajo!) se lamentan por la independencia perdida de los trabajadores del periodismo en las cadenas privadas de televisión, mi valoración y comprensión con éstos queda seriamente resentida.

No tengo ni idea de periodismo. Mis ideas son las de un consumidor de prensa y un militante de un partido minoritario que suele ser escuchado (no se sabe por qué) en su organización en temas de comunicación. Quienes saben del tema (y considero que opinan con máxima honestidad) son los tres periodistas que he citado. Pero entre mi ignorancia y lo zoquete que soy no soy capaz de entender por qué llevan razón.

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