Un señor llamado Francisco Ros fue secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entre 2004 y 2010. Un día le llamó el embajador estadounidense. Y le explicó los intereses de la industria del espectáculo estadounidense. Y le dijo que para favorecer tales intereses había que cambiar la ley: rapidito. Francisco Ros, en vez de explicarle que las embajadas están en territorio de otros países y que por tanto un embajador no es un virrey que transmite órdenes en las colonias, le dijo que inmediatamente harían lo que se les mandara, pero que lo malo de simular la existencia de instituciones soberanas es que una ley tiene sus trámites y es legal incluso oponerse. Pero que no se preocupara, que algo harían muy pronto.
Un mes y medio después el Gobierno anunciaba una ley a la que llamaron Ley de Economía Sostenible que increíblemente incorporaba en su contenido una cláusula que permitía a un órgano administrativo determinar el cierre de una página web (esto es: un medio de comunicación) si consideraba tal órgano que la web facilitaba las descargas de archivos. Y lo colaba en una ley que nada tenía que ver con cultura, comunicaciones o internet. Quedaba por salvar el último escollo: esconder el debate en un rincón del Parlamento para evitar esas voces críticas que tanto asustaban a Ros. Y eso han hecho: mañana se aprobará la Ley de Economía Sostenible con su parasitaria Ley Sinde en la comisión de economía (no en la de cultura) del Congreso de los Diputados sin público ni intervenciones (ni voto) de los partidos que no formen parte de tal comisión (los partidos que formen parte de grupos parlamentarios multipartitos por cuestiones técnicas).
Para quienes consideran que los cables de wikileaks sólo revelan chismes, debía de estar ya muy desacreditado nuestro teatro democrático. Puede que sólo sea un chisme que la embajada de un país extranjero nos ordene que legislemos el cierre de medios de comunicación por vía administrativa (con una tutela judicial sumarísima -cuatro días entre la comunicación del órgano administrativo y la ejecución judicial del cierre- sólo en el caso de que la comisión tenga a bien considerar que puede estar deteriorando alguna libertad), que el representante del gobierno acate la orden pero exponga el problema de que hay que pasar por esas mierdas de instituciones que tanto ruido hacen y finalmente se lleve a donde menos ruido haga para evitar que el pueblo (el demos) se entere de lo que hacen sus supuestos representantes en su nombre. Puede que sólo sea un chisme saber que Francisco Ros se incorporó apenas medio año después al consejo de administración de una empresa californiana dedicada a la tecnología y que gestiona los derechos de miles de patentes. Pero para que sea un chisme había que tener clarísimo de antemano que nuestro país es una colonia que se gobierna desde fuera, que las instituciones están al servicio de intereses ajenos a la representación del pueblo español y que el grado de corrupción de algunos altos cargos es indisimulado. Y no todo el mundo lo tenía claro hasta que llegaron los mercados con su nerviosismo y los cables de Wikileaks con sus chismes.
Mañana el Congreso de los Diputados ejecutará a puerta cerrada y con sordina una afrenta más a los derechos civiles, a la soberanía popular y a la ética política. Esperemos, al menos, que Ángeles González Sinde tenga prometido un puesto de guionista en Hollywood cuando acaben sus funciones de representante de una industria extranjera en nuestro gobierno colonial. Se lo ha ganado a pulso. Un pulso más que pierde la democracia.
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