Por fin llegan las primeras revelaciones importantes para España procedentes del cablegate de Wikileaks. María Teresa Fernández de la Vega “le aseguró al embajador que ella estaba muy implicada en el seguimiento del caso [del asesinato de José Couso], al que prestaban atención los más altos cargos del Gobierno español” (¿más altos que ella? Caray); el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido “les dijo que el Gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales “seguirían oponiéndose” a las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa […] En cuanto a los vuelos de la CIA, dijo que el caso continúa a su ritmo, pero que no cree que aporte ninguna sorpresa“; el fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza “telefoneó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno. Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes“.
El Gobierno en general se ponía al servicio de la embajada de Estados Unidos para violentar el sistema judicial en aras de la impunidad de los crímenes cometidos por el ejército y el gobierno de Estados Unidos: “Las conexiones de la embajada con los fiscales de la Audiencia para tratar asuntos sensibles para EE UU han ido en paralelo a las mantenidas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y los altos cargos de Exteriores Ángel Losada, ex secretario de Estado; Agustín Santos, ex jefe de Gabinete de Moratinos; o los directores generales Luis Felipe Fernández de la Peña o José Pons han sido algunos de los interlocutores del embajador y de sus colaboradores.”
Doy por hecho que toda esta gente que con nombre y apellidos aparece conspirando con la embajada de Estados Unidos para eliminar pruebas, detener investigaciones judiciales, cambiar el turno de los jueces en función de cuál fuera mejor interlocutor para la embajada (aunque parece que todos los jueces de la Audinecia Nacional mantenían una fluida comunicación con la franquicia mafiosa de la calle Serrano), saldrán esta misma mañana a anunciar que es todo mentira, que no existieron esas reuniones y que esta misma mañana presentarán querellas contra el embajador Aguirre (el capo en todo este asunto) por escribir tanta mierda sobre ellos en sus cables. Si a media mañana no lo han hecho supongo que irán cesando uno a uno en todos los cargos públicos que tengan: empezando por la Fiscalía General del Estado y continuando por el puesto de consejera de Estado con el que jubilábamos generosamente a De La Vega hace unos días…
Y después, quizás esta tarde, tienen que empezar las investigaciones judiciales. Este mismo año se ha juzgado por traición a un antiguo espía español llamado Flórez por ofrecerse a colaborar con Rusia en un par de cartas. Fue condenado a doce años por intentar (la sentencia no daba por probado que lo consiguiera) pasar a Rusia alguna documentación secreta a la que había accedido gracias a su puesto en el Estado. No llegó a reunirse con Rusia para impedir que se juzgara un crimen, ni para vulnerar el turno de reparto judicial (¿eso no es prevaricación?), ni aceptó que se pidieran documentos secretos precisamente porque sabía que vendrían con los suficientes tachones como para no servir a la investigación de los delitos (algo que sí habría hecho el fiscal Vicente González Mota según habría comunicado a la propia la embajada de EEUU mientras paraban la investigación por los vuelos ilegales con secuestrados que pasaron por España hacia el campo de concentración de Guantánamo). Sólo podría haber una razón para que Roberto Flórez haya sido condenado por traición y no se inicie hoy mismo la investigación penal contra toda esta gente: que consideremos a Rusia una potencia extranjera y a Estados Unidos la metrópoli del imperio al que pertenecemos. Hacerlo oficialmente sería un avance en transparencia…
Por último, toda esta basura muestra qué es verdaderamente la Audiencia Nacional. Lejos de ser un tribunal blindado al que van los casos de especial gravedad para evitar presiones (que es la justificación habitual para la existencia de este tribunal especial) es un centro judicial en el que los defensores de los criminales más poderosos departen y colaboran con los fiscales y jueces con máxima normalidad para defender los intereses de los investigados. Es, precisamente, un tribunal especialmente vulnerable a los intereses de Estado por encima de la Ley. Baste una lectura del artículo de El País de hoy para identificar en la Audiencia Nacional un tribunal del Chicago de los años 30, nunca de un Estado de Derecho. Como eso lleva más tiempo, supongo que no comenzarán hasta mañana: tras los ceses de los implicados y el comienzo de su investigación judicial, mañana el Parlamento iniciará la reforma de la Ley del Poder Judicial para disolver de una vez la Audiencia Nacional…
…salvo que todo esto sea el normal funcionamiento de las cosas y lo que esté mal sea que Wikileaks nos ofrezca la confesión estadounidense de que estamos gobernados por mafias.
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