Se cumplen hoy treinta y cinco años de la toma de posesión de Juan Carlos de Borbón como Rey. De los treinta y cuatro aniversarios que se han celebrado el de este año es el primero en el que tenemos en mente que el reinado puede estar tocando a su fin. La salud del monarca ha dejado de ser sólo una leyenda urbana para comenzar a tener datos ciertos de que el hombre podría tener alguna enfermedad seria.
Cuando se hizo pública la primera operación a la que era sometido un Borbón vivo (en esa familia, según lo que sabemos, no ha habido ni una operación de anginas hasta el nódulo pulmonar de Juan Carlos) todo el mundo se sintió inquieto: los monárquicos por la salud de su razón de ser; los repúblicanos porque no teníamos un plan b. Si el el Rey se muriera hoy, no habría ningún problema en coronar a su hijo pues no se ha planteado seriamente alternativa alguna.
En las últimas elecciones australianas el Partido Laborista (que ganó) incluía en su programa electoral la proclamación de la República cuando muriera la Reina Isabel II: no antes, pero ni un día después. Sin duda esa proclamación es mucho más sencilla allí, pues la monarquía es poquísimo más que un símbolo del pasado imperial británico. Pero es una buena forma de anticiparse a los hechos y dar paso a la lógica de forma natural.
En España no sería tan difícil asumir un compromiso razonable en previsión del hecho sucesorio. La Constitución describe quién sucede a Juan Carlos y que son las Cortes Generales las que lo proclaman. Pero no especifica plazo alguno: ¿Felipe sería nombrado Rey a los dos días, a la semana, a los cinco años de la muerte de su padre? Nada pone en la Constitución.
Por ello sería plenamente constitucional que, cuando muera Juan Carlos de Borbón y antes de proclamar al hijo, se prepare un debate público que concluya en un referendum sobre si los españoles queremos monarquía o república. Si en el referendum saliera monarquía, se cumpliría entonces el mandato constitucional proclamando a Felipe: no se habría violentado la Constitución en ningún momento dado que ésta no especifica el plazo ni qué se puede o no hacer entre la muerte de un rey y la proclamación del siguiente. Si los españoles optasen por una república, habría que incumplir la Constitución, sí, pero no creo que nadie se escandalizase por poner un texto legal por debajo de un mandato popular, especialmente si éste es más democrático que aquél. Por supuesto, la proclamación republicana tendría que venir acompañada de un profundo cambio político, dado que tendría que elaborarse una nueva constitución y todo sería debatible.
La muerte del rey será la mayor crisis de la monarquía. Una vez proclamado Felipe no tendrá fácil mantenerse (quizás con un par de series más consiga hacer recordar 1793), pero el momento que se nos debería dar a los españoles para decidir si la monarquía también pasa por un drástico recorte del gasto píblico (del 100% en este caso) debería ser antes de su proclamación. En vida de Juan Carlos, me temo, será difícil conseguir la democratización de la jefatura del estado.
Una propuesta como ésta, hecha ahora (sin la sobredosis de propaganda que sufriremos a la muerte del monarca, ni la urgencia del momento), puede poner en la agenda la viabilidad del cambio político hacia una democracia más profunda. Al menos, si se hace esta propuesta, cuando llegue el hecho sucesorio no se dará como inevitable la sucesión, sino como una nueva elección de espaldas al pueblo español.
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