Supongo que nadie habrá olvidado todavía la burbuja inmobiliaria. Se trataba de la conversión de la vivienda en un bien especulativo, como las acciones de bolsa, los sellos o los cuadros de Botero. Con la diferencia de que independientemente de cuánto costara la gente seguía necesitando un sitio donde vivir. El precio de la vivienda subía imparablemente y los pringados que necesitaran vivir en una se hipotecaban durante los siguientes cuarenta años en los que sus vidas pasaban a ser propiedad de los bancos.
Así los banqueros y constructores vivieron una fiesta sin fin previsto a costa de la leyenda del derecho a una vivienda digna del artículo 47 de la Inmaculada Constitución. Como la cosa tenía que explotar, explotó. Y dejó con el culo al aire a constructores y banqueros, a quienes tuvimos que arropar con 30.000 millones de dinero público más opaco que los gastos de la visita del Papa y de la Casa Real juntos. En algunos lugares (muy pocos: Euskadi, Asturias y un puñado de municipios rojos) había una política de vivienda que ponía (¡irresponsables!) el derecho a la vivienda por encima del derecho a forrarse de los bancos y constructores.
En Euskadi gobiernan ahora los constitucionalistas (esos que deberían defender como nadie el artículo 47 de la Constitución). Hoy presentará el gobierno vasco los presupuestos de la Comunidad autónoma. En esos presupuestos aparece una subida de un 10% del precio de la vivienda de protección oficial: es decir, la VPO será inaccesible para más vascos de rentas más bajas y los que puedan pagarla tendrán que hipotecarse más, por lo que los primeros beneficiarios de una medida tan social como constitucionalista serán los constructores, que cobrarán más y los bancos, que atarán por más tiempo a más hipotecados. Como en los viejos tiempos de la burbuja.
Queda un poco feo que el gobierno vasco apruebe tal medida al día siguiente de que el padre de su socio de gobierno, Antonio Basagoiti, sea nombrado presidente de Banesto (sustituyendo a Ana Patricia Botín, que sigue subiendo en el Grupo Santander: la familia importa). Normalmente los banqueros gobiernan sin necesidad de poner al hijo en el Parlamento, sin enfangarse. Pero los constitucionalistas son así de transparentes: no les importa que se note. Ya Mayor Oreja recibió alguna (pocas, pero alguna) crítica por tener intereses familiares en evitar el fin de la violencia de ETA dado que su familia tenía relación con las empresas de seguridad privada Eulen, Prosegur, Prosesa, Protexa, Falcón Contratas y Seguridad, Falcón Servicios de Seguridad Integral y Protección y Custodia. Basagoiti no se empeña tanto en que no termine la violencia como en que eso no suponga que cualquier partido pueda presentarse a las elecciones para poder pillar cacho durante al menos una legislatura más: si Batasuna estuviera representada, no podría tener un gobierno comiendo de su mano para favorecer los negocios de papá. Por eso pide una estrafalaria cuarentena de una legislatura más para la izquierda abertzale.
Mañana se reúnen Patxi López y Antonio Basagoiti para ver cómo va lo de su gobierno. Basagoiti dará muestra de ese sentido común tan propio de los hombres de negocio que hacen una buena venta. Mientras, el sábado Mayor Oreja se manifestará en Madrid contra la negociación con ETA. Y Ana Patricia se irá a Londres para aprender a hablar inglés mejor que papá. Todo queda en familia.
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