Cuando alguien descubre por medios ilegales crímenes de Estado, ¿su denuncia debe ser considerada un peligro para la Seguridad pública o una salvaguarda para los intereses del país? En Israel, autoproclamado la única democracia de Oriente Próximo (desdeñando la libanesa, la palestina o incluso la impuesta en Irak por sus socios norteamericanos) no hay duda: el que desvela las atrocidades es un criminal que debe pagar por ello. Los criminales, si son miembros del aparato estatal, deben quedar amparados por la impunidad. Esa es la razón que mantiene bajo arresto domiciliario a Anat Kamm, periodista y ex soldado del Tsahal que fotocopió durante su paso por el Comando Central del Ejército hebreo, donde cumplió su servicio militar, los documentos que demostraban que las Fuerzas Armadas de Israel tienen órdenes de matar a los buscados palestinos en sus operaciones de captura en los territorios ocupados, en lugar de arrestarlos con vida e incluso si no oponen resistencia armada. Eso, pese a las resoluciones del Tribunal Supremo israelí que obligan a detenerlos para ser juzgados.
El artículo de Mónica G. Prieto entero en Cuarto Poder. Su artículo es más indignante si antes has leído quién le vende tecnología punta asesina a Israel.
Si te ha gustado, ¡compártelo!:
