La Guerra de Irak no era la primera guerra injusta ni la primera ilegal en la que participaba España. Pero la sociedad estaba harta esa vez y explotó: tras el Prestige, el decretazo laboral (que dio lugar a la Huelga General), Urdaci, las reformas educativas, el autoritarismo aznarita… se produjeron las mayores movilizaciones que un gobierno español ha tenido nunca en su contra y la Guerra de Irak fue el detonante.
Algo análogo podría explicar el escándalo y la movilización que se está generando en respuesta al apoyo judicial a organizaciones fascistas para mantener definitivamente la impunidad del genocidio franquista, del robo de niños, etc. En España han sucedido grandes atrocidades sin que se haya producido esta reacción. Por eso los jueces del Supremo pensaban que podrían dar otra vuelta de tuerca sin que nadie dijera nada. [Nota mental: Ahora tienen la santa jeta de exigir silencio a sus críticos mientras convocan (¡el Tribunal Supremo!) una rueda de prensa para defender la infamia ante la prensa extranjera: ellos se pueden defender públicamente pero los críticos tenemos que estar callados (suponemos que por ser golpistas según Rosa Díez y dar espectáculos antidemocráticos según Mariano Rajoy)].
La sociedad española ha tragado carros y carretas: probablemente sea parte del legado político y cultural de la Transición. Pero esta vez no parece que la reacción también sea verlas venir. Uno sospecha que la contundencia de la reacción tiene que ver con el colapso económico y político. Una sociedad con un 20% de paro a la que se le ofrece como salida conseguir que los Díaz Ferrán tengan que pagar menos para despedir más, puede no haber sido movilizada, pero acumula crispación. Una sociedad que ve el robo a manos llenas instalado en algunas instituciones, que ve cómo se imputa a los ciudadanos honrados por denunciar a los corruptos [Nota mental (2): Cayo Lara y Manuel Fuentes imputados por denuncias falsas contra el Pocero; Manos Limpias tiene en su web una sección dedicada a sus denuncias -sin aclarar cuántas de ellas tenían alguna sustancia- y nadie ha disuelto ese tinglado mafioso sino que se aceptan sus denuncias fascistas] coloca a los políticos como el principal problema después de la economía y el paro. Una sociedad frustrada por ver que quienes prometieron memoria democrática sólo se han atrevido a una ley muy descafeinada que no sólo no ha permitido cicatrizar por fin las heridas sino que permite el disparate judicial-falangista.
Sin esa sensación colectiva de que el sistema ha colapsado, probablemente la mecha de la imputación de Garzón no habría prendido con esta fuerza. Muchas veces las movilizaciones no se producen solamente por los motivos aparentes, sino que expresan un hartazgo mucho más general. Y en esas estamos. El caso Garzón no es sólo el caso Garzón: es el caso hartazgo, el caso España, el caso paro, el caso corrupción, el caso democracia de mínima intensidad, el caso Díaz Ferrán,…
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