Según anuncia esta mañana El País los jueces madrileños de la trama Gürthel han decidido anular todas las escuchas telefónicas que se habían practicado a los detenidos salvo una (que menciona la financiación ilegal del PP gallego). Ahora tienen que elaborar un auto inventándose la justificación legal. Y digo que se la tienen que inventar porque al parecer cada uno de los tres jueces aplicaba una interpretación del Derecho distinta que llevaría a resultados diferentes: anular todas las escuchas, anular casi todas y no anular ninguna. Según cuenta El País en vez de ponerse de acuerdo (o no) jurídicamente y aplicar tal doctrina al caso, se pusieron a votar la conveniencia o no de anular cada escucha, lo que permitió que se aceptara sólo una de las conversaciones entre tres acusados y su abogado José Antonio López Rubal.
A la espera de la doctrina que se inventen para anular pruebas que pudieran perjudicar a los corruptos recordamos otros casos en los que los acusados por corrupción tienen extraordinaria suerte. No por conseguir hábilmente que no se demuestre su culpabilidad, sino porque los jueces deciden incorporar al derecho una nueva doctrina que impida considerar buena parte de las pruebas o que directamente impida juzgar al reo.
Ya el PP disfrutó del apoyo de los hados judiciales cuando en los primeros tiempos de Aznar se destapó la trama de financiación ilegal del Partido Popular (en la que estaba salpicado un alcalde de Benidorm -gracias al voto de un tránsfuga- llamado Eduardo Zaplana: dentro del PP, Alberto Ruiz Gallardón pidió su expulsión del partido por corrupto). Pero la fortuna siempre se pone del lado de los justos. Aquel caso Naseiro saltó por unas escuchas legales practicadas en la persecución de un caso de narcotráfico. Uno de los implicados en ese caso lo estaba también en la financiación ilegal del PP, por lo que en la conversación legalmente escuchada puso a la justicia sobre la pista de la enorme trama corrupta del Partido Popular. Pero los jueces se inventaron una doctrina ad hoc: si la escucha se hizo para perseguir un delito, no valen de prueba para otro delito. Con ese golpe de fortuna doctrinal el nuevo PP pudo encarar con desparpajo su cruzada contra la corrupción, porque la suya, demostrada, no sería juzgada en España.
Años después surgió la doctrina Botín: Emilio Botín, banquero mayor del Reino, lo tenía difícil. A pesar de que el Gobierno (vía fiscal) se negaba a actuar contra él, una acusación particular y la acusación popular le puso contra las cuerdas. El accionista del Banco Santander que le acusaba como perjudicado murió en pleno proceso, pero seguía en pie la acusación popular. Pero los cielos judiciales se abrieron para el banquero y la justicia interpretó que sólo la acusación popular no valía y archivó el caso. La doctrina Botín no se aplica hoy al caso Egunkaria ni se aplicó a Atutxa, porque no tienen tanta suerte como los banqueros ni como los ladrones.
La corrupción no sólo es problema de los corruptos. España está corrupta: el edificio entero se ha puesto al servicio del robo. Los señoritos bajan por el ascensor mientras nosotros, el servicio, subimos por las escaleras. De ese Estado de Derecho presumen.
Si te ha gustado, ¡compártelo!:
