Si es verdad que sólo los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, tenemos que deducir que César Alierta, el presidente de Telefónica, está sufriendo una regresión hacia la infancia. En un par de días nos ha proporcionado la evidencia de que estamos en manos de la mafia y de que su empresa es una de esas familias en cuyas manos están derechos fundamentales a los que cerraría el grifo si le conviniera.

Es evidente que Internet no es sólo un instrumento de ocio. Se ha convertido en el cauce más habitual para las comunicaciones privadas y en uno de los fundamentales (y subiendo) para la información y comunicación de opinión, especialmente las minoritarias. Los otros ámbitos que servían fundamentalmente para lo mismo eran Correos (empresa pública, al menos de momento) y el espacio radioeléctrico, por el que se distribuyen las radios y televisiones, que es propiedad del Estado en España y en prácticamente todo el mundo.

Pero Internet, no. Y la cuestión no es sólo de principios. Nada es nunca personal, todo es cuestión de negocios:

Lo que es evidente es que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero también es evidente que esto no puede seguir. Las redes las ponemos nosotros; los sistemas los hacemos nosotros; el servicio postventa lo hacemos nosotros, lo hacemos todo. Esto va a cambiar, estoy convencido

César Alierta avanzó hace un par de días su intención de hacer valer a Google o a quien sea su condición (junto con otras poquitas empresas menores) de guardián de la red. El juguete es suyo y ponen las condiciones. Hoy las condiciones son comerciales: que Google pague. Como existe ya el filtro económico: quien no pueda pagar la factura de la empresa de turno no tiene acceso a Internet. Mañana se podría poner un filtro a los artículos o comentarios críticos con Telefónica (bajo argumentos parecidos: «las redes las ponemos nosotros y no vamos a ser tan tontos de poner las piedras que se tiran contra nuestro tejado«). Pasado mañana impediríamos la difusión de la defensa de derechos de los trabajadores: «Somos una gran empresa cuya cuenta de resultados se vería deteriorada si lo que difundes tuviera éxito; y las redes las ponemos nosotros [etc.]». No sería una cuestión dictatorial: sólo negocios.

No se trata de defender a Google, que también es una empresa con un poder prácticamente monopolístico de cuyo peligro apenas se habla. Se trata de impedir que ningún poder incontrolable (y las multinacionales lo son) tenga en sus manos nada que consideremos fundamental a cuyo acceso pueda poner límites, los que sean. Desde cualquier perspectiva política que tengamos, Internet es un espacio en el que se ejercitan derechos fundamentales pero está a los caprichos de poderes privados.

Si Internet hubiera aparecido veinte años antes, a nadie se le pasaría por la imaginación dejarla en manos de grandes empresas privadas: sería pública, gratuita y blindada legalmente. Estamos en una de esas épocas en las que defender lo obvio resulta estrafalario.