En un pueblo de Madrid hubo una moción de censura hace unos días que ha generado un ruido de esos que sólo Madrid es capaz de exportar: en Velilla de San Antonio los dos concejales que fueron elegidos en las listas de Izquierda Unida (y a cuya expulsión dará trámite IU-CM esta tarde) se aliaron con el PP para echar de la alcaldía a un PSOE local del que denunciaron casos de corrupción (y que está siendo incomprensiblemente apoyado por Tomás Gómez).

Es uno de los casos en el que las costuras de aquel «programa, programa, programa» se resquebrajan. El programa, programa, programa debería ser el mínimo sine qua non: tiene que ser imposible que IU alcance acuerdos de gobierno sin acuerdo programático. Pero debería haber más requisitos que limiten las posibilidades de formar parte de gobiernos municipales, autonómicos o estatales.

La corrupción, en efecto, es uno de ellos: la evidencia de que hay partidos locales (y regionales y estatales) cuya práctica política es la corrupción debería hacernos desvincular de esos partidos y perseguir política y judicialmente los casos de los que tengamos constancia. Con corruptos, no hay acuerdo programático que valga.

Otro criterio fundamental es el meramente democrático. Y sin ser muy exquisito: me refiero a democracia meramente formal. Izquierda Unida no puede tener acuerdos con partidos que no sean demócratas. Supongo que hay muchas posibles discusiones al respecto, pero hay evidencias de que el Partido Popular no es un partido demócrata. Ha apoyado (y a veces promovido) cuantos golpes de estado se han cometido contra gobiernos que llevan a cabo un programa parecido al que llevaría a cabo Izquierda Unida. Hace apenas unas semanas, en nombre del Partido Popular, el infame Carlos Iturgaiz acudió como observador de las elecciones de los golpistas hondureños y se felicitó por tal ejercicio democrático. Si ganara las elecciones en España un programa como el de IU, el Partido Popular o sus equivalentes conspiraría para derrocar tal gobierno sin límites: no sería la primera vez. Una de las utilidades principales del PP es impedir por todos los medios que haya gobiernos que lleven a cabo políticas realmente de izquierdas, lo que evidencia que si se alcanzara un acuerdo programático con tal partido sería un papel tan inocuo para ellos como sus códigos éticos presentados por la señora que no veía Jaguars en su garaje.

Es evidente (¿o no?) que no es necesario formar parte de gobiernos siempre que se pueda y a toda costa. Existe incluso la posibilidad (demasiado poco explotada) de votar una investidura y pasar inmediatamente a la oposición (por ejemplo, para impedir que gobierne un partido que no es mínimamente demócrata). Por ello en materia de alianzas deberíamos ponernos todos los instrumentos preservativos que se pueda. No se trata de que se cumplan dos de los tres requisitos, sino de que se cumplan los tres: con corruptos y con partidos antidemocráticos no se negocia; y con partidos democráticamente homologables en los que la corrupción no esté instalada hasta los tuétanos se puede negociar un acuerdo de gobierno en base al programa, programa, programa y respaldado por las bases.

A veces denunciamos una deriva «confederal» cuando queremos decir «taifas«: quien se salte estos requisitos y llegue a acuerdos al margen de la política general de alianzas de IU se está situando fuera de IU (la expulsión sólo lo constataría). Y coherentemente, también se situarian fuera de IU, si los hubiere (cosa que habría que probar), los cómplices y colaboradores necesarios.