Las legalidades de Esperanza

Con el desparpajo que le caracteriza, Esperanza Aguirre despachó ayer a Gallardón acusándole de faltar a la legalidad; luego repitió Granados la consigna: lo que dice el alcalde de Madrid es manifiestamente ilegal. Resulta interesantísima la batalla que hay en el PP por colocar a alguien en una presidencia, que sospecho que es la del Partido y no la de Cajamadrid. Gallardón había planteado que el PP no es un partido federal y que por tanto la propuesta de presidente de Cajamadrid no la tenía que tomar el PP de Madrid, sino el nacional. Vamos, que no decidiera Aguirre, sino Rajoy. Y Aguirre le dice que eso es una ilegalidad como un pino, porque la ley de cajas afirma que es el consejo de Cajamadrid el que decidirá quién lo preside.

No voy a entrar en si el PP es un partido federal o centralista, porque primero me tendría que creer que el PP es un partido político. Sin embargo resulta graciosa la forma en que Esperanza Aguirre aplica para dirimir las cuitas de su partido con las mismas armas que aplica en la política cotidiana: el cinismo, la mentira y la ley del embudo.

Por supuesto que la ley de Cajas dice que serán los consejeros quienes legitimen con su voto al próximo presidente, como al anterior. No haría falta ni un poco de pericia para intuir que no se presentará un candidato sin venir avalado por las distintas organizaciones que tienen representación en Cajamadrid. No hace falta esa pericia, porque el propio Partido Popular ha firmado el acuerdo de estabilidad sobre Cajamadrid en el que se dice que «los firmantes de este acuerdo reconocen al grupo mayoritario dentro del mismo, su exclusiva capacidad de propuesta del candidato a Presidente del Consejo de Administración». El propio Partido Popular de Madrid, por mano de su secretario regional, firmó que es su grupo político, el Partido Popular, y no el Consejo de Administración de Cajamadrid quien propondrá candidato. El Consejo de Administración lo votará, pero lo propondrá el partido: lo que dice el alcalde es tan manifiestamente ilegal como el acuerdo firmado por Granados. O las dos cosas son ilegales o ninguna.

A partir de ahí, que se sigan pegando para entretenimiento de todos: es el Partido Popular quien va a proponer candidato. Me da igual, por supuesto, cómo se organiza el PP, si se acerca al federalismo o sigue anclado en el centralismo: pero la propuesta corresponde al Partido y dentro de ese cuadrilatero deberán repartirse los mamporros.

Una vez resuelto el intercambio las demás organizaciones lo valorarán en sus órganos. Y, como bien explicaba ayer Gregorio Gordo, «la persona propuesta debería cumplir unos perfiles de solvencia profesional en el sector, que permita que Cajamadrid sea el intrumento que facilite vías de crédito para la pequeña empresa, los autónomos, los trabajadores y trabajadoras y sus familias.» Es decir, no hay ningún cheque en blanco y por tanto ese divertido intercambio de golpes deberá tener en cuenta que el ganador sea aceptable para las demás fuerzas políticas. Que ningún gañán pretenda que le hagamos la comida, que no todos somos gazpacheros.

Que siga la diversión.