El 10 de diciembre de 1948, en el palacio Chaillot de París, tuvo lugar la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DDHH). Es un documento poco leído, escasamente difundido y desde luego apenas meditado y reflexionado. Entre las recomendaciones que acompañaron a su aprobación figuraba con especial énfasis el que se leyera en todas las escuelas y centros de enseñanza del mundo entero. ¿Se hace en España?
Los contenidos de la Carta adquirieron condición de obligado cumplimiento para los países signatarios de los tres Pactos que en 1966 la desarrollaban y ampliaban. En la actualidad son prácticamente todos los estados que se han obligado a desarrollarlos e incluso incorporarlos a sus textos constitucionales. Entraron en vigor en el reino de España el 27 de julio de 1977.
Los DDHH son víctimas del fuego cruzado de dos lecturas que se hacen de los mismos: la que se limita a declamar, más que aplicar y exigir, los contenidos políticos y de libertades, y la que considera con notoria ofuscación que dicha Declaración es una iniciativa burguesa y, por ende, rechazable desde la izquierda auténtica. Unos la mutilan a la hora de comentarla y los otros no han reparado todavía en su capacidad potencial para producir procesos de cambio social.
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