Anda el Partido Popular muy molesto porque, dicen, a los corruptos del Partido Popular no se les trata igual que a los demás delincuentes. Y llevan razón. Una de las pruebas la aportó el otro día Trillo, aunque pudiera ser falsa dado que viene del enterrador azaroso. Dijo Trillo que tiene una cinta en la que un policía anuncia a Camps que Garzón se va a inhibir para que sea el TSJPV quien investigue los regalos recibidos de la trama Gürthel. Efectivamente ahí hay un trato discriminatorio al dar a Camps una información privilegiada sobre el transcurso de una investigación judicial bajo secreto de sumario y en la que él todavía no era reo, aunque podía tener razones para sospechar que acabaría siéndolo.

Hay más discriminaciones. La trama Gurtel supone ya la imputación de decenas de cargos públicos y orgánicos del Partido Popular que habrían urdido con el clan de Correa, el Bigotes, etc un plan para llevarse cruda una parte del dinero destinado a la organización de todo tipo de eventos. Muchos de estos cargos tienen la posibilidad de ocultar pruebas, pues siguen (de facto o de iure) controlando el ayuntamiento, la generalitat o la tesorería desde los que los jueces creen que delinquieron. España es el país de Europa con más población presa: 157 personas presas por cada 100.000 habitantes frente a 100 presos de media en el conjunto de Europa pese a que España está por debajo de la media europea en criminalidad. Un excesivo porcentaje de presos no han sido condenados: son presos preventivos. Pues bien, de los corruptos de la trama Gurtel sólo tres permanecen encarcelados y ninguno de ellos es militante del PP.

Más discriminaciones. Rubalcaba rebatió las acusaciones del PP presumiendo de algo insólito: el delegado del Gobierno en Baleares habría dado la orden de no esposar a los detenidos por corrupción del Partido Popular. ¿Siempre se preocupa tanto la delegación del gobierno por cómo se atiende a cada detenido o se está dando un trato privilegiado a los detenidos por corrupción desde cargos políticos? No hace falta recordar que los tratos en las comisarías españolas no son como para presumir y que sólo en Catalunya y Euskadi se han introducido mecanismos para impedir las torturas que denuncian Amnistía Internacional y la ONU. No conocemos la petición de un solo delegado del Gobierno (de ninguno de los gobiernos que ha habido) sobre los tratos dados a los detenidos, pero en cambio resulta que cuando se trata de un corrupto (presunto, leches, presunto) sí se exige un trato exquisito: no le esposemos, que luego salen fotos, y mucho cuidado con despeinarle o arrugarle la corbata, que le costó carísima a un constructor.

Todo ello está muy bien. Ojalá adoptáramos la idea de que la prisión es un ultimísimo recurso, que los acusados deben tener información puntual de la situación de su caso, que la prisión provisional es una anomalía que debe ser absolutamente marginal, que los detenidos sólo carecen de libertad de movimientos, pero tienen todo el resto de derechos intacto… pero mucho me temo que lo que pide el PP es precisamente que se le discrimine: que se deje intacto el resto de las vergüenzas españolas pero se excluya de ellas a su gente.