Si pudiera no acatar

Hay palabras que en nuestra política ibérica han adquirido una solemnidad que va mucho más allá de su contenido real (muy escaso) pero que parecen colocar fuera o dentro de lo aceptable según su uso. Una es la «condena«. No tengo muy claro qué diferencia hay entre que yo diga que me parece asquerosa, injusta, repugnante y criminal el hambre en el mundo y que condene el hambre en el mundo (¿desde qué magistratura?). Otra, últimamente en boca de mucha gente, es «acatar«.

Sé qué es acatar una orden: si me dan una orden y la cumplo, la estoy acatando, pues desde los juicios de Nührenberg sabemos que no existe la obediencia debida a órdenes injustas. Sé qué quiere decir que el poder acate una ley o una sentencia: si una ley dice que el callejero no tiene que homenajear a dirigentes políticos y militares de una dictadura un alcalde puede no acatarla y lo demostrará manteniendo calles que honren, por ejemplo, al General Yagüe.

Sarkozy, por ejemplo, gran colaborador en la lucha contra ETA, no acata ninguna de todas esas sentencia derivadas de la Ley de Partidos: la expresión «ETA/Batasuna» que tan alegremente usa el Supremo (sin ordenar encarcelar en coherencia a los miles de militantes de Batasuna por pertenencia a banda armada) debe sonar a chino en Francia. Batasuna no tiene ningún problema en decir que su lista es Euskal Herriaren Alde y la podrá votar la ciudadanía francesa en estas elecciones europeas. ¿Sarkozy es cómplice de ETA? Pues va a los mítines del PP, así que sigan ilegalizando.

No estando en la posición de aplicar o no ni de cumplir o incumplir una norma (ley o sentencia) resulta metafísica la distinción entre acatar o no una sentencia o una ley. Estoy en contra de Bolonia, por ejemplo, pero ¿lo acato?  Puede no acatar el plan Bolonia un rector de universidad, o un consejero de educación, ¿pero yo? Sería pura retórica. ¿Acatáis la pitada a la Marcha Real y al Jefe del Estado del otro día? ¿acatamos la censura que hizo TVE de la misma? ¿hay por aquí alguien que acate la tasa de paro? ¿Acatará mi vecino las sandalias que me he comprado este fin de semana? Para mentes simples como la mía es mucho mejor decir simplemente si nos parece justo, injusto, feo o bonito o nos da exactamente igual.

El pasado jueves el Tribunal Supremo ilegalizó la lista de Iniciativa Internacionalista, pegándose una pasada de diecisiete pueblos democráticos y mostrando que el nuestro es cada vez más un pluralismo limitado, uno de los rasgos que algunos achacan a los regímenes autoritarios. Los argumentos conculcan principios tales como la irretroactividad de las leyes, la interpretación restrictiva de las normas que restringen el ejercicio de derechos fundamentales, la seguridad jurídica… A estas alturas no hay mucho que añadir a lo expresado por JavierM. Y yo mismo ya escribí al respecto al enterarme de esta última vuelta de tuerca de nuestro gobierno progresista y con talante.

No es nada nuevo, por otra parte, salvo la exagerada obviedad de este caso incluso para quienes suelen ver con distanciamiento las ilegalizaciones que hubo hasta ahora y que ahora ven que el autor de la obra de teatro que representaba el Centro Dramático Nacional,  que el matemático que escribe columnas sobre ciencia, que la diputada que fue de Izquierda Unida,… resultan ser el instrumento de ETA para llegar a las instituciones europea. No hace falta no compartir el ideario político de Iniciativa Internacionalista (si tiene ideario político, que no lo sé) para constatar la aberración de los argumentos sometidos al contorsionismo intelectual: si IU decidiera que Marcelino Camacho encabezara simbólicamente una candidatura suya en una provincia, podrían ilegalizarla por llevar a un viejo. Tal decía la denuncia de la abogacía del Estado: Alfonso Sastre es un viejo, así que es un banderín de enganche de ETA.

La sentencia del otro día no es jurídica. Tampoco lo fueron las denuncias. Fueron políticas las denuncias y lo fue la sentencia. Bajo la apariencia mal disimulada de judicialidad se ha vulnerado el derecho fundamental al sufragio pasivo por motivos políticos. Defender el mismo ideario que Batasuna ha sido una prueba: ¿os acordáis de cuando decían que la Ley de Partidos no ilegalizaba ideas?

Ninguna ley española, incluida la Ley de Partidos, priva de su derecho de sufragio pasivo a quienes no sean inhabilitados judicialmente para ejercer cargos públicos. Con la ley en la mano cualquiera de los concejales de ANV cuyo aval contamina podría ser candidato: son las interpretaciones extensivas (cuando no marcianas) de la ley las que permiten sentencias como la de la madrugada de San Isidro.

Ni el gobierno ni los jueces están aplicando ley alguna. Están restringiendo derechos arbitrariamente con criterios meramente políticos. Si estuvieran aplicando leyes tampoco tendríamos por qué dar el nihil obstat. Israel tiene leyes que permiten la tortura o que amparan la discriminación racial a la hora, por ejemplo, de transmitir la nacionalidad por matrimonio. Su aplicación responde al Estado de Derecho, pero no a la democracia, por supuesto.

Si yo pudiera no acatar la sentencia, no la acataría, pero como no sé cómo se hace eso, sólo digo que me repugnan la sentencia y sus instigadores (sean gobiernos, partidos populares, fiscales, abogados del estado, periodistas,…). La sentencia marca ya una profunda división entre demócratas y otra cosa que son quienes defienden esta restricción de derechos. Esta sentencia escandaliza a todo demócrata a poco que lea los argumentos empleados para la ilegalización.

Uno se siente orgulloso de militar en Izquierda Unida cuya posición es nítida. Hace unos meses leíamos en El País una entrevista a Cayo Lara que terminaba así:

P. ¿Le alegra o le molesta que el Supremo haya anulado las listas de D3M y Askatasuna?

R. No compartimos la ilegalización, es tremendamente peligroso ilegalizar a la gente por no condenar a ETA. ¿Ilegalizamos a los que no han condenado la invasión de Gaza? ¿A los que apoyaron la invasión de Irak? Es sólo una pregunta que dejo en el aire. Es que eso de la ilegalización es muy peligroso. Y no ayuda a resolver el problema del País Vasco: creamos mártires.

P. ¿Y no es peligroso tener en las instituciones a partidos que apoyan a ETA?

R. La preocupación de que estén ahí es más indiferente. Si hay partidos que sirven a ETA, hay que lograr que los ciudadanos no les voten. El tema del País Vasco tapa como una inmensa cortina de humo los problemas sociales de España.

Y esta misma semana nuestra candidata a eurodiputada Esther López Barceló dejaba clara que esa sigue siendo nuestra postura:

Como organización democrática y socialista que represento en las Elecciones Europeas, denuncio públicamente la acción de la Fiscalía al prohibir la presentación de la candidatura de Iniciativa Internacionalista, no porque represente mis principios políticos, no porque quiera que consiga muchos votos, no porque me alegre que la izquierda se divida en cientos de candidaturas que confunden al electorado de izquierdas y debilitan a la única fuerza anticapitalista capaz de hacer frente a las políticas privatizadoras de PP y PSOE -por supuesto, me refiero a la mía: a IU-; sino porque, como demócrata, me opondré siempre a la Ley de Partidos.

También el documento que se aprobó en su última Asamblea Federal es también claro:

IU se compromete en la defensa de plenas libertades democráticas, y por tanto promoverá la derogación de la Ley de Partidos y la anulación de las ilegalizaciones de organizaciones por sus silencios, ideas o simpatías.

Así que no caben cantos de sirena y toda declaración que se haya interpretado de otra forma debe ser reinterpretada en la línea de la política general de Izquierda Unida: estamos en contra de la Ley de Partidos y de las ilegalizaciones que la utilizan como argumento.