Disolver ayuntamientos

El nuevo paso de tuerca es la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Acusó Pepe Blanco a Rajoy de estar en manos de Esperanza Aguirre, pues tras dar ella la consigna, él la usa para atacar al PSOE en el asunto de ETA. Hoy sabemos que tras dar la consigna Esperanza y repicarla Mariano es el gobierno el que ofrece aplicarla. Manda Esperanza. O al menos es quien maneja la batuta en estos asuntos, aunque a ella le da la partitura el mamporrero Alcaraz.

Disolver un ayuntamiento es una cosa seria. Poco después de la disolución del ayuntamiento de Marbella un alto funcionario del ministerio de Administraciones Públicas me contó que había propuesto tal disolución desde la época de Felipe González y que todos los gobiernos se habían mostrado muy reticentes, conscientes de la gravedad de tal acción. El ayuntamiento  de Marbella era eminentemente un instrumento para la corrupción: eso lo sabía todo el mundo, incluidos los votantes que revalidaban mayoría tras mayoría al GIL para que siguiera robando. Por ello nadie se atrevió a dar el paso hasta que la justicia empezó a encarcelar alcaldes y concejales de distintos partidos mostrando un ayuntamiento en el que el delito era transversal, pues el propio ayuntamiento era un instrumento para el delito.

Tras la ruptura de la tregua y los asesinatos de ETA, los ayuntamientos de ANV han decidido mostrar una cierta complicidad política con ETA mediante la contextualización (que evitan en otros casos y que evitarán si disuelven sus ayuntamientos). Pero es una complicidad política, no penal. No sé si hay algún concejal de ANV que haya entrado en prisión en los últimos meses por complicidad con ETA. Desde luego no ha habido ningún concejal de ANV acusado judicialmente de utilizar el ayuntamiento para ayudar a ETA. Si no sé si ha habido algún concejal detenido, lo que sí sé es que no existe una situación generalizada de concejales detenidos (a uno se le escapa algún dato, pero no todos los datos). Porque efectivamente ningún juez ha probado que nadie utilice los ayuntamientos gobernados por ANV como apoyo ilegal a ETA: si así fuera habría detenidos seguro, salvo que los jueces también sean del entorno. Hablamos de una complicidad política y esta sólo tiene una vía de expresión: las urnas.

Ni el gobierno ni ninguna institución deben tener legitimidad para enmendar las decisiones políticas que emanan de unas urnas. Hay muchas decisiones del pueblo incomprensibles y directamente repugnantes, pero que son plenamente legítimas en cuanto opción política. Si alguien cree que los ayuntamientos de ANV dan un apoyo ilegal a ETA, deberá investigarse a los concejales que dan ese apoyo y, si hubiera pruebas más allá de un juicio de intenciones, juzgar y condenar a los delincuentes. Si no hay delincuentes, no hay delito. Y si no hay delito, estamos ante una cuestión política. Y esa la juzgaron los ciudadanos de cada pueblo y la deberían poder volver a juzgar en 2011. Pero nadie más que ellos: quien quiera decidir la composición de las instituciones políticas de tal o cual pueblo o ciudad, que se empadrone allí y vote.