El 6 de diciembre de 1960 nacieron los últimos españoles que pudieron votar el régimen institucional en el que viven. Y lo hicieron hace treinta años sin que se les dé la ocasión de revisar su decisión: por las mismas podría considerarse democrático que no se hubieran convocado elecciones desde 1977 y nos mantuviéramos gobernados por el tinglado financiero-político que llamaron UCD apelando a que alguna vez el pueblo lo votó. Esas personas que tuvieron derecho a votar entonces son los que aparecen en gris en la pirámide poblacional de la izquierda. Los que aparecen con los alegres colores de la bandera son quienes no pudimos votar entonces, en muchos casos porque el baby-boom no había hecho furor. Del grupo que pudo votar sólo dos tercios lo hizo.

En esos años la gente votaba a Suárez, temía a la acorazada Brunete y Felipe González no iba a dejar que España entrara en la OTAN mientras nacionalizara la banca. No existía el Partido Socialista de Navarra, porque el PSE incluía a las cuatro provincias, no eran legales los partidos como Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Republicana: para legalizar al Partido Comunista de España se le había puesto como condición la aceptación de la bandera monárquica y de la propia monarquía. Juan Carlos de Borbón no tenía una gran fortuna, Manuel Fraga, a sus 56 añitos, ya era lo más rancio de la política española.

Se hablaba de ruido de sables. Se inculcó el miedo. Alfonso XIII y su hijo, Juan de Borbón se habían mostrado partidarios del retorno de la monarquía tras refrendo popular, obviamente. Juan Carlos de Borbón se negó entonces a poner en riesgo su sillón. Es una de las cosas que no han cambiado: hoy hay consenso en que hay que cambiar la sucesión en la jefatura del estado (consenso que se rompe a la hora de explicar cómo debe ser el cambio: unos dicen que se debe acabar con los privilegios de género y otros decimos que se debe acabar con los privilegios), pero la reforma está bloqueada hasta que se incluya en un paquete con otras medidas que impidan que el pueblo esté hablando sobre la monarquía: ¡puto pueblo! ¡qué ganas de molestar!

Quienes defienden como modélica la Transición nos explican a quienes hoy ponemos en cuestión aquel proceso que muchas cosas fueron como fueron porque todo era dificilísimo. Sin el rey, nos explican, habría habido un golpe de estado (¿se habría opuesto a tal golpe Juan Carlos poniendo la democracia por encima de su cargo?); nuestra democracia tiene una calidad ínfima, sí, pero en aquellos momentos no se trataba de detalles, sino de democracia o dictadura, según nos dicen los defensores de la modélica transición. Es un debate agotador porque a cada parte le parece ridícula la posición de la otra parte, es como si habláramos idiomas diferentes: a los críticos, la defensa de la Transición nos resulta bastante parecida a la defensa de un dogma religioso; da la impresión de que a los transicionistas los críticos les resultamos en parte ignorantes y en parte extremistas. Lo que está claro es que ese no es un debate estrictamente político, sino histórico.

El debate político es el del hoy, el de qué hacer en un país en el que gran parte de su población no ha podido decidir nunca su marco político y la otra lo hizo bajo amenazas de golpismo. Un país cuya democracia es considerada unánimemente pobre. En el caso de que llevaran razón quienes aplauden el milagro de la transición española, ese maravilloso proceso ¿no nos habría dejado treinta años después en condiciones de decidir libremente nuestro marco institucional, buscar una democracia más democrática, aspirar a debatir sin límites cómo queremos ser de mayores?

No nos podemos hacer una idea de cómo eran las cosas, nos dicen. Pongamos que sea cierto. En lo que habrá acuerdo es en que ahora sí nos hacemos una idea de cómo son las cosas. ¿No podemos abrir ya los debates que no pudieron tener hace treinta años? ¿Todavía no estamos maduros? ¿Seguimos estando en el límite entre esta democracia y una dictadura?

Los melones se abren y se comen. Si no, se pudren.