Top Secret

Cada poco tiempo conocemos informes de los servicios de inteligencia (¿alguien sabe por qué se llama servicio de inteligencia al espionaje y no al CSIC o a la conferencia de rectores?) cuyo contenido es simplemente el relato de delitos cometidos por dirigentes políticospoliciales, económicos o militares, o asuntos turbios que a los ciudadanos de a pie nos movería al insulto como poco. Cuando sucede esto los delincuentes o sus amigos siempre señalan que es inadmisible que se revelen secretos de Estado y tratan de centrar en la custodia de éstos un problema más grave que el secuestro, asesinato, despilfarro o la corruptela que denuncia el papelito en cuestión (legajo).

Es lo que está ocurriendo estos días con los vuelos de la CIA. Un informe secreto publicado por El País señala que Aznar y Piqué estaban perfectamente enterados del uso de los aeropuertos españoles para el transporte de secuestrados. Y Soraya Sáenz de Santamaría denuncia que o bien se ha filtrado por parte del gobierno o bien no ha funcionado la cadena de custodia, algo gravísimo. Acto seguido, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,  revela que el secretario general de Política de defensa, Luis Cuesta, había dado órdenes en 2007 para que no se informara de los vuelos de la CIA.  De nuevo la respuesta (una nota de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores) no es sobre los secuestros consentidos por el gobierno, sino sobre la indignidad cometida por Llamazares al desvelar un documento que es secreto de sumario.

Es comprensible que el Estado tenga secretos. No puede ser público exactamente qué medidas de seguridad tiene el Presidente del Gobierno ni qué medidas de espionaje se están adoptado legalmente para combatir el tráfico de armas, por ejemplo. Demasiado frecuentemente nos encontramos, sin embargo, con que los secretos de Estado se refieren simplemente a la parte de la actuación del Estado que se quiere ocultar porque es delictiva.

En nada afecta a la seguridad nacional un informe sobre cómo los gobiernos estadounidense y español se pusieron de acuerdo para secuestrar personas. Sólo afecta a la seguridad personal de los secuestradores y sus cómplices: es decir, a la seguridad de aquellos a quienes el Estado no sólo no debe amparar, sino que debe perseguir. Del mismo modo, no afecta en nada a la seguridad colectiva los papeles que oculten las responsabilidades políticas y penales sobre los GAL o cualesquiera otros instrumentos de guerra sucia amparados por gobiernos españoles.

Nos hemos acostumbrado con demasiada facilidad a que los servicios secretos pasen de ser algo marginal que se ocupa únicamente de aquellas cuestiones concretísimas sobre las que no puede haber luz y taquígrafos por el bien colectivo a ser una institución que gestiona y oculta a la ciudadanía crímenes, delitos y toda la porquería que se organiza en el Estado. Que encima la porquería se haga pública a conveniencia de particulares es sólo una forma más de perversión. El asunto grave no es ese, sino que hay porquería y que el Estado, en vez de limpiarla, la esconde bajo la alfombra.