Tras años discutiendo lo obvio, por fin estamos de acuerdo todos: no es nada malo que el Estado intervenga en la economía, pues con ello puede evitar efectos perversos del libre albedrío del mercado. El paso siguiente está en que nos pongamos de acuerdo en qué efectos son perversos y cuáles perfectamente aceptables.

Durante estos últimos años el Estado ha estado atado de pies y manos (se ha atado a sí mismo) negándose a intervenir pese a la precariedad del mercado laboral, el incremento inhumano del precio de la vivienda, el hambre de cientos de millones de seres humanos, la discriminación de la mujer en el trabajo, la subida del precio de los alimentos, la esclavitud de los inmigrantes ilegales,… Ésas no eran razones para intervenir. Y la parálisis estatal se hacía en nombre de una máxima universal: el Estado no debe intervenir en la economía. Ha bastado que unas pocas empresas financieras de renombre estén al borde de la quiebra para que Bush ponga para su rescate el dinero público que nunca dedicó a sanidad: nacionalizó dos bancos. En pocos días le siguió Zapatero prometiendo ayudas a las inmobiliarias para que no quebraran, eso sí, si ponían los pisos en alquiler. Ayer, al ver que bajaban las bolsas mundiales, hasta el BCE (aquel que subía el precio de las hipotecas como si la economía fuera una cuestión científica, no social) se decidió a inyectar ‘ 30.000 millones de euros a un tipo de interés mínimo (marginal) del 4,30% a 51 bancos comerciales de la zona del euro.’: ¿quién dijo que el BCE está dirigido por gente insensible?

Está siendo curiosa esta crisis económica (¿o estamos sólo ante su comienzo?). Por razones de edad, sólo recuerdo relativamente bien la crisis de los noventa. Fue aprovechada para desmantelar el sector público privatizando a precio de amigo todas las empresas estatales que dieran beneficios. Aquella crisis afectó muy principalmente a los trabajadores, sin que las grandes fortunas que habían crecido bajo el pelotazo se despeinasen (más bien hicieron su agosto apoderándose de empresas muy rentables). En esta crisis no queda casi nada que privatizar (aunque Zapatero anunció que privatizará parte de AENA) y la crisis está afectando primero a grandes empresas financieras e inmobiliarias, que están revirtiéndola hacia los trabajadores en forma de despidos y encarecimiento de las hipotecas.

Si el criterio del Estado fuera el que manejamos quienes pedíamos su intervención en la economía cuando éste se negaba a mover un dedo, podría llevar razón Solbes al decir que esta crisis limpiaría la economía. Si se aprovechase la quiebra de ciertas empresas para nacionalizarlas y que esto no fuera un instrumento para sanearlas y volver a regalarlas, sino para recuperar la capacidad estatal de disponer de un sector público, retornaríamos a la racionalidad social mandando al guano a especuladores que no merecen que paguemos ningún rescate y evitando que paguen el pato los trabajadores.

Ahora ya estamos de acuerdo: el Estado debe intervenir en la economía cuando le va mal a los nuestros.Sólo hace falta que nos pongamos de acuerdo en quiénes son los nuestros: los de arriba o los de abajo.