Anda improvisando una propuesta de ley electoral Mariano Rajoy que le garantice más poder para el PP. Si el otro día decía que tenía que votar la lista más votada, ayer cambió y lo que dijo es que no debería poder «formar gobierno» quien obtenga menos de un 30% de votos. Aún a riesgo de que para cuando haya dado a «publicar» este texto Rajoy haya cambiado de nuevo su versión, centrémonos en ésta.
Primero, debe aclarar el títere Mariano a qué se refiere con «formar gobierno»: puede que se refiera a formar parte de un gobierno (es decir, participar en una coalición de gobierno) o dar forma a un gobierno (es decir, nombrar y separar ministros: presidir el gobierno). La primera opción es absurda, entre otras cosas porque en un gobierno no se está como representante de un partido, sino como persona a la que designa el Presidente del Gobierno, que a su vez tampoco es nombrado por pertenecer a ningún partido, sino que es la persona concreta a la que designa el Parlamento. Perfectamente podría presidir el gobierno alguien que no sólo no hubiera sacado un 30%, sino que no hubiera sacado un sólo voto porque, por ejemplo, un partido pensara que es mejor que su candidato se centre en la Presidencia y no sea también diputado, cargo para el que no daría abasto. En el caso de los ministros es perfectamente habitual la incorporación de independientes, cada vez más habituales en los Consejos de Ministros: ¿se les debe prohibir ser nombrados al no haber obtenido ni un voto?.
En el caso de que Mariano se refiera a que sólo pueda presidir el gobierno el representante de un partido que haya superado el 30% de votos, la propuesta tampoco merece aplauso alguno. Es sólo el producto de la energía simplificadora y uniformizadora de la realidad que impulsa a nuestra derecha (y a cierta parte de la izquierda). Analícese el voto del PP: en general supera el 30%… salvo allí donde hay otras fuerzas que, con más o menos matices, tienen unas ideas parecidas a las del PP o que puedan competir por un electorado común. El caso de Canarias es evidente: es difícil encontrar diferencias entre la concepción del poder, de la ética política, de la economía y del urbanismo del PP y de CC. Una amplia mayoría de canarios se ha concentrado en esa concepción, pero, al ir separados, esa amplia mayoría no ha superado el 30% en ninguna de las dos opciones; sin embargo, la minoría que ha votado por un cambio sólo tenía una opción real: votar al PSOE, que ha sido el partido más votado, pero que no va a gobernar porque existe una alternativa con un ideario común que ha obtenido muchos más votos que el partido más votado.
En resumen, el límite del 30% sólo sirve si consideramos un sistema de partidos simplista, uniformado y carente de matices. Cuanto más plural es una sociedad, cuantos más matices se le ofrece al elector, menos sentido tiene el límite del 30%: en Barcelona, por ejemplo, donde existe un pluripartidismo real, ninguna fuerza llega al 30% y en el País Vasco sólo el PNV lo consigue siempre y cuando vaya en coalición con EA (¿está dispuesto el títere Mariano a concederle por los siglos de los siglos al PNV el gobierno vasco? ¿lo ha consultado con Mayor Oreja? ¿dónde quedó el frente constitucionalista?).
La propuesta de Rajoy (como todas las propuestas de normativa electoral que vienen del PP) muestran su esfuerzo por simplificar la realidad y su voluntad por una sociedad uniformada, de blancos o negros,… La oposición a este tipo de propuestas (y a la que previsiblemente se le ocurra la semana que viene) viene dada de la voluntad de pluralismo, de diferencias, de encuentro entre distintos, de complejidad… Es la voluntad de tener una sociedad abierta.
Pero dado que las ideas de Rajoy vienen dadas por el eslogan de que los gobiernos tienen que responder a la voluntad de los votantes (eslogan con el que estoy de acuerdo, por cierto), haré una propuesta a Mariano (propuesta que sin duda escuchará, estudiará y responderá) que va en la línea de conjugar una sociedad abierta, con sus matices y su complejidad y la formación de gobiernos que respeten la voluntad de los votantes. Ahí va:
Aplíquese una ley estrictamente proporcional. Así, el parlamento reflejará la pluralidad de la sociedad tal y como ésta la haya manifestado. Permítase a los grupos resultantes coaligarse como les dé la gana hasta presentar un gobierno que cuente con el respaldo mayoritario del parlamento. Y, acto seguido (bastaría una semana de plazo), convóquese una consulta ciudadana que apruebe o desapruebe el nuevo gobierno. Si hay más votos positivos que negativos, el gobierno reflejará, claramente, la voluntad de los votantes; si hay más votos negativos, los pactos habrán constituido un fraude a la voluntad de los votantes y los partidos tendrán que volverse a poner a hablar hasta encontrar un acuerdo aceptable para los ciudadanos. Así se conjugaría la defensa de la pluralidad con el respeto a la voluntad de los votantes y los gobiernos adquirirían una legitimidad democrática muy superior a la que hubieran tenido sin ese refrendo ciudadano. Sólo un problema me preocupa de esta propuesta: que un gobierno con tanta legitimación sería demasiado fuerte, estaría prácticamente blindado. Y los liberales (¿verdad Mariano?) no queremos gobiernos fuertes. Por ello la propuesta debería complementarse con una articulación de un sistema de censura del tipo del «referendum revocatorio», por el que, en un momento dado, la ciudadanía que legitimó a un gobierno pueda apartarlo del poder. La cuestión de cómo se concretara ese referendum es un problema técnico cuya solución no tendría demasiado problema.
Para que no diga Mariano que no le ofrecemos alternativas.