Durante los últimos tres años se ha producido un despiadado ataque político, mediático y judicial contra un equipo médico (el del anestesista Luis Montes) que ha generado un inmenso daño al Hospital Severo Ochoa (Leganés) y a la sanidad pública madrileña. Luis Montes y su equipo se dedicaban a ayudar a los moribundos a sufrir lo menos posible, a permitirles que vivieran lo menos mal posible las horas o días de que dispusieran (como todo el mundo, yo también tengo casos en la familia de gente a la que la sedación les ayudó a morir con un poquito más de tranquilidad, pero como ya se han expuesto otros casos en otros blogs y algunas muertes son desgraciadamente parecidas os ahorro el mío).
Las denuncias anónimas no son válidas en ningún caso desde que se abolió la inquisición, pero el gobierno autonómico de Madrid no es consciente de tal abolición. Un consejero, de sanidad antes, de transportes ahora, llamado Manuel Lamela utilizó públicamente una supuesta denuncia anónima para acusar al equipo de Montes de practicar cuatrocientas eutanasias. La palabra eutanasia viene del griego, significa ‘buena muerte’ y su práctica no es ilegal más que en el caso en que se den pasos efectivos para consumar esa buena muerte que no se habría dado sin esos pasos; en otros casos (la sedación, desenchufar los aparatos de quien sólo mantiene la vida por esas máquinas…) la eutanasia sí es legal. Algún día tendremos una sociedad menos hipócrita que permita a cada cual disponer de su vida y valorar su sufrimiento sin más interferencia que la ayuda técnica y afectiva que la sociedad pueda aportar. Pero de momento la ‘eutanasia activa’, que es como suele llamarse a la eutanasia que sigue siendo ilegal, es delito.
Por eso, cuando Lamela hizo públicos esos cuatrocientos casos, no sólo estaba anunciando que Montes era un buen tipo que ayudaba a la gente a sufrir lo menos posible en los peores momentos de su vida: estaba llamándole delincuente, estaba pidiendo que lo encarcelaran porque tenía una denuncia anónima.
La actuación del Gobierno de Aguirre ha supuesto que durante todos estos tres años los pacientes han acudido al Severo Ochoa y a los hospitales madrileños con miedo de que pudieran meterle una inyección letal a quien acudiera con un esguince de tobillo. Tal era lo que decían canallas (autodenominados liberales) al llamar al equipo de Montes «Sendero Luminoso» o «Doctor Muerte«: quien tenga estómago que lea este bello artículo de un anuario de Libertad Digital en el que se juntan los dos ingeniosos apodos antedichos («Sendero Luminoso» y «Doctor Muerte») explicando, por si alguien no lo había entendido, que Montes y los suyos son «asesinos en serie».
Mientras, el juzgado se ha pasado tres años hasta que ha sobreseído el caso porque no hay ninguna prueba de ningún delito: ¿tres años hacen falta para eso? Todos los juristas que han hablado del caso coinciden en que en mucho menos tiempo el caso podría haber dejado a Lamela y a Aguirre al descubierto y que es demasiada casualidad que la resolución haya llegado justo después de las elecciones, al día siguiente de la toma de posesión de Lamela de una consejería distinta a la de Sanidad.
Obviamente, resuelto el caso, Lamela tiene que abandonar la vida política para siempre y Aguirre y Rajoy deben pedir perdón por el daño hecho (¿involuntariamente?) a la Sanidad Pública madrileña con su apoyo. Pero los efectos no pueden quedar ahí. Lamela debería ser juzgado por la persecución a la que ha sometido a un inocente y a un sistema sanitario que es nuestro, de todos. Los periodistas que vertieron tanta mierda sobre esta gente inocente deberían abandonar la profesión y también ser juzgados por sus injurias. El juzgado que tramitó el expediente debería, al menos, aclarar por qué se dilató tanto un proceso en el que no había pruebas de comisión de delito alguno.
Pero no nos engañemos. Mañana será lunes y las cosas seguirán por su tranquilo cauce a la espera de que la cólera de Aguirre se cebe con otros inocentes.
Como tanta otra gente está diciendo, yo también quiero que, cuando me esté muriendo (algo que estadísticamente parece probable que me sucederá algún día) me atienda un equipo como el de Luis Montes.
Creo que el tema de la legalización de la eutanasia activa, se debereia de afrontar lo antes posible. Es algo que ya se esta practicando en la mayoria de hospitales (cosa que veo totalmente lógica) y se necesita ya de una legislación que lo regule.
Estoy de acuerdo contigo, pero hay que especificar que se está practicando en los hospitales privados porque tienen menos control y están menos expuestos a los Lamelas del mundo.
Por mi parte, este caso me ha hecho decidirme a asociarme a Derecho a Morir Dignamente (www.eutanasia.ws)
Un saludo,
hugo
Este tema es de una gravedad enorme. No me sorprendería que dentro de pocos días haya pasado al olvido, como tantos,y no debiera ser así.
Se trata de la muerte. Se trata de los sentimientos, del dolor, de la inseguridad que algunas familias hayan podido sentir sobre qué tratamiento seguir con un familiar en estado terminal.
El señor Lamela parece que no va a dimitir. Sigue apoltronado, esta vez en un cargo lejano a la Sanidad. Nadie le culpará de nada. Qué impunidad.
Bravo por los médicos de cuidados paliativos. No hay que dudar. Nunca hay que dudar ante el dolor de una persona. Quienes han acusado falsamente a los medicos del Severo Ochoa son unos pobres ignorantes manipuladores. Son inquisidores medievales de corbata y gomina.
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