Desde hace varios días vengo dándole vueltas a cómo valorar la no renovación de la concesión de licencia televisiva a RCTV en Venezuela. Cuando surgió el tema mi primera impresión fue que había que oponerse a que no se renovara tal licencia, sin dejar de tener claro que quienes ponen el grito en el cielo por la situación venezolana, pero sin haber abierto la boca para protestar por los cierres de Egunkaria y Egin son unos hipócritas de tomo y lomo. Algo parecido a lo que escribió, con un enfoque distinto, Javier Ortiz en El Mundo. Sin embargo, según he ido escuchando (y sobre todo leyendo) a quienes saben más sobre Venezuela (como Carlos González, que ha escrito varios posts al respecto) veo clarísimo que la cosa no es fácilmente analizable. Un amigo que trabaja en Venezuela escribe un mail explicando lo que es RCTV: «algo así como una suma del Alcazar, una COPE televisiva, junto a lo más rancio de TeleMadrid, pero que además hubieran alentado y apoyado el 23-F, silenciando las protestas y alimentando la represión». Todo ello está alimentado por el hecho de que sea imposible informarse con un mínimo de objetividad sobre lo que pasa en Venezuela a través de los medios de información de masas españoles, pues los que no son de una derecha durísima, tienen fuertes intereses empresariales en Venezuela que rigen el sentido de sus informaciones.
En España podemos tener un caso relativamente parecido, pues las licencias televisivas también son concesiones gubernamentales que arbitrariamente se otorgan desde el poder político. Recordemos que en Madrid (y en más comunidades, pero el caso que mejor conozco es el madrileño) la Comunidad Autónoma decidió que en Madrid sólo podía haber cadenas locales de derechas: Cope, Libertad Digital, Intereconomía, Vocento, Canal 7,… se han llevado las licencias otorgadas a dedo mientras se obliga al cierre el año que viene a cadenas que llevan muchos años emitiendo como Localia y TeleK. La diferencia es evidente: ambas cadenas (TeleK y Localia) son claramente democráticas (mucho más que algunas de las concesionarias) y no pueden ser criticadas por ningún delito y en Venezuela, a diferencia de lo que ha sucedido con las concesiones madrileñas, seguirá habiendo medios de comunicación opositores: además en Venezuela, según me cuentan, se está potenciando la creación de pequeños medios de comunicación controlados por comunidades ciudadanas, modelo que resulta mucho más aceptable que el control de los medios por las grandes empresas o las instituciones políticas.
Pero el esquema es parecido: aprovechar la ley, que permite la discrecionalidad gubernamental, para castigar determinadas posiciones políticas que, legítimamente, defienden los medios. Es bien sabido que desde RCTV se participó en el golpe de estado venezolano, pero igual que pido que se haga en España con medios de comunicación y partidos a los que se acusa de colaboración con el terrorismo, la solución debe ser encontrar pruebas contra personas concretas, meterlas en la cárcel según lo que dicten las leyes y permitir que el medio (o el partido) en cuestión siga funcionando. Un principio básico del Derecho Penal (olvidado en España desde que se persiguen entornos crecientes) es el de que los grupos no delinquen, delinquen las personas. Que opere también aquí: encarcélese a las personas que desde RCTV pretendieron imponer una dictadura en Venezuela y permítase que desde ese canal se siga emitiendo lo que les dé la gana, por repugnante que sea.
Cuando en España se ha pretendido crear Consejos Audiovisuales independientes que tomaran este tipo de decisiones, la derecha más dura ha puesto el grito en el cielo. Por supuesto es mucho más cómodo para determinados poderes políticos decidir a dedo qué canales pueden ver los ciudadanos/súbditos. Pero tengo claro que el principal problema del caso RCTV, como el de las concesiones de la Comunidad de Madrid, es que el poder político tenga capacidad para dar y quitar concesiones a medios de comunicación. Otro problema grave es que hay mucho hipócrita colonialista dispuesto a dar lecciones de democracia al tercer mundo sin dejar de aplaudir las vigas en los ojos propios.
El tema es que esa cadena es algo así como el tomate todo el día, además en la ley de televisión venezolana dice claramente que los medios han de tener un fin social, que es lo que va a tener la nueva cadena que entre en su lugar.
Un saludo:http://supersaltamontes.blogspot.com/
Lo que se ha hecho es claramente legal ( y con una ley muy previa a Chávez, por cierto). Sé que al tema se le ha dado una importancia muy superior de la que merece y por eso he intentado compararlo con otros casos cuyo peso en los informativos ha sido muy inferior.
Pero me sentía obligado a escribir algo al respecto, por aquello de no caer en la ley del embudo que tanto detesto…
Os dejo un video en el que Luis Alegre y Carlos Fernandez Liria ponen los puntos sobre las íes sobre las MENTIRAS que la derecha internacional está vertiendo sobre el caso.