El brillante resultado de ilegalizar

Cuando la izquierda abertzale presentó en el registro del Ministerio del Interior a su nuevo partido, Abertzalen Sozialista Batasuna, comenté que además de ser democráticamente exigible, hubiera sido una inteligentísima jugada la legalización de tal partido sin esperar a ver qué subterfugio encontrara para sentirse representada. Ello habría obligado a ASB a afrontar una campaña centrada en proyectos políticos, en su propia actuación durante el proceso de paz… Pero con la semiilegalización por la puerta de atrás que supuso la posibilidad de que ANV se presentara en unos sitios sí y en otros no, la izquierda abertzale ha podido centrar su campaña en esa ilegalización y se ha situado en el ojo del huracán declarando autores de su ilegalización a todos los demás partidos (aunque en la prensa prácticamente sólo salía lo que el PP sintiera como agresión, han sido constantes las pintadas, boicots de actos electorales, etc… contra todos los partidos: desde Ezker Batua-Aralar a la derecha). Ello ha acarreado 180.000 votos que de una forma u otra se pueden contabilizar como de la izquierda abertzale, probablemente el mejor resultado desde la tregua de 1998.
Por aclarar mi posición: creo (y lo creía antes de las elecciones) que ilegalizar partidos es, además de un desastre democrático, un monumental error estratégico, especialmente cuando el partido perseguido tiene tantos errores por los que responder ante su electorado. Que en la base sociológica de la izquierda abertzale se exige abandonar la lucha violenta lo demuestra el hecho de que ETA no ha hecho acto de presencia en toda la campaña, al contrario de lo que sucedía en años anteriores. Pero la extraña y chapucera ilegalización parcial de ANV ha conseguido desviar el punto de atención, lo que ha permitido a la izquierda abertzale sentirse clarísimamente respaldada por un resultado espectacular.
Hay más: se rumorea por todas partes que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo está a punto de dar a conocer el fallo que anularía la Ley de Partidos, con lo que la ilegalización de Batasuna, HB, EH y toda la sopa de siglas que ha venido después quedaría anulada por vulnerar los derechos humanos. Si esto es así, tendrán un serio varapalo quienes asintieron con complicidad y quienes defienden la Ley de Partidos como el sumum democrático, sin olvidar a los jueces que se sometieron a criterios políticos y no a la ley y a la Constitución. Pero además del justo palo que recibirán éstos, la izquierda abertzale habrá llenado su bolso de razones para mostrar la injusticia de una represión que de hecho han recibido. En cambio, supongamos el escenario de ese mismo fallo judicial, si el gobierno hubiera autorizado a ASB. El PP habría hecho una campaña feroz porque el PSOE hubiera permitido la entrada de ETA en las instituciones (es decir, habría hecho lo mismo que ha hecho), pero poco después el fallo judicial (si es que efectivamente se produce) habría sido un gigantesco refuerzo para el gobierno, un gran palo para las hordas ilegalizadoras y un perfecto trampolín para reanudar el proceso de paz.
La derecha española tiene una ventaja para el resto: independientemente de lo que hagan sus enemigos, ellos siempre dirán que son todos etarras. Haría muy bien el gobierno (es decir, Zapatero) en dejar de estar mirando siempre con el rabillo del ojo a la derecha, para intentar evitar que le llamen etarra: que pierda la esperanza, se lo van a llamar de todas formas. Que empiece a actuar con valentía para encontrar soluciones a los problemas y que se dé cuenta de que los electores del 27-M no han dejado de votar al PSOE para votar al PP porque crean que Zapatero ha ido demasiado lejos, sino que muchos antiguos votantes del PSOE han dejado de votarle (abstención u otras izquierdas) porque no ven en el PSOE la audacia y la valentía que le exigen.