He puesto la viñeta de ayer de El Roto para que entendamos mejor el caso: el señor de la derecha es Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II; el señor o señora de la izquierda somos los ciudadanos de Madrid.
Ayer desvelaba la revista Tiempo la trama por la que el Canal de Isabel II adjudicó al socio del hermano y del cuñado de Ignacio González “la gestión y explotación de las instalaciones deportivas” que inauguró Esperanza Aguirre el pasado 28 de marzo en Chamberí: el famoso Campo de Golf contra el que nos manifestamos los vecinos. Voy a intentar resumir la trama:
El hermano y el cuñado de Ignacio González (llamados respectivamente Pablo González González y Juan José Caballero Escudier) crean en junio de 2006 una empresa junto a una persona sin vínculos personales con el vicepresidente (José Antonio Clemente Martín), que sería lo que habitualmente se llama testaferro. La empresa se llama Tamanaco 07 Consulting (Tamanaco fue un líder indígena caraqueño –Clemente es venezolano-; 07 era el año en el que se iban a forrar y Consulting es el apellido de toda empresa que se precie). La empresa tenía por objeto social la explotación de instalaciones deportivas, pese a que ninguno de los familiares de Ignacio González tenía experiencia alguna en el sector.
Hubiera sido relativamente fácil detectar que el Canal le hubiera dado la concesión directamente a Tamanaco, así que se presentó un consorcio de tres empresas: Iridium (propiedad de ACS), Soto Once (empresa gestora de otros campos de golf y que ya ha estado involucrada en otros casos parecidos) y una empresa llamada Tecnoconcret (empresa cuyo administrador único es Clemente –el testaferro- y es propiedad suya y de su mujer al 100%, con sede social en el domicilio conyugal). Según el pliego de condiciones, la adjudicataria podría llevarse hasta 1.5 millones de euros, pero finalmente el Canal de Isabel II decidió ser generoso con estas empresas amigas subiendo la entrega a 3.2 millones.
Es posible que sea un poco complejo el asunto para ser explicado en un post (mucho mejor explicado viene en el artículo de Manuel Rico, subdirector de la revista Tiempo que firma el reportaje de invetigación); desvela en él una segunda trama incluso más compleja para ingresar dinerito del bueno a través de las adjudicaciones de canales de TDT local que la Comunidad regaló a canales amigos que serían generosos en la constitución de la empresa Teledifusión Madrid, constituida en un diez por ciento por cada canal adjudicatario y el otro treinta por ciento por una empresa creada un mes antes: Centanor Spain SL, cuyo administrador único es Fernando Ruano, cuñado del actual Director del Canal de Isabel II (Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, responsable de las adjudicaciones de Televisión Digital) que fue, hasta su nombramiento, presidente de Secuenzia Pixels (ahora presidida por su cuñado Ruano), encargada de la gestión técnica de la red de Teledifusión Madrid.
Si no se ha entendido, lo resumo: alguien dijo “Os doy los canales pero un pellizco de pasta se lo tiene que quedar la familia”; y los canales adjudicatarios (Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, EL Mundo, Onda Cero, Kiss FM y Enrique Cerezo) aceptaron de buen grado.
Ayer compareció en rueda de prensa Ignacio González (sin convocar, al parecer, a la revista Tiempo, que había desvelado la trama) y dijo que negaba haber adjudicado nada directamente a ningún familiar. Efectivamente: en ningún momento se le acusaba de eso: se le acusa de corrupto, no de tonto. Pero también se negó a responder si conocía, en el momento de la concesión, que Clemente era socio de su hermano y de su cuñado. Según el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, González se tendría que haber abstenido cuando el consejo decidió adjudicar la concesión al socio familiar.
No lo hizo. Ahora sólo le queda dimitir.
¡Váyase, señor González!
Las prácticas de nepotismo en las administraciones autonómicas y locales, están colocando en un brete al sistema democrático, porque cada vez hay más gente, ciudadanía activa en muchos casos, que se aleja de la participación en la vida política.
Hago extensivo esto a todas las fuerzas políticas; dado que todas tienen militantes y cargos con problemas para discriminar entre lo público y lo privado.
Ahora bien, es cierto que la chulería y la soltura de la derecha para con estas situaciones, no tiene parangón en la izquierda.
No me parece descabellado reflexionar sobre la necesidad de limitar las competencias de estas administraciones, y reforzar el papel de la general del Estado, en nueva lectura -de orientación jacobina- de la Constitución.
¡Salud y República!
[…] (2) Para quien no conozca el caso de Ignacio González y el campo de golf de Chamberí, aquí está explicado. […]
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