La separación de poderes

Ayer se manifestó una parte de la ciudadanía vasca denunciando la intromisión de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en cuestiones políticas al juzgar a Ibarretxe por reunirse con Otegi como han hecho políticos de todos los partidos sin que les hayan juzgado. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado mezclando churras con merinas, es decir, críticas democráticas a las decisiones judiciales con la amenaza de ETA a los jueces en el País Vasco, y avalando la imputación de Ibarretxe. La frase con la que el CGPJ expresa su gozo por tal imputación es la que permite observar hasta dónde han llegado algunos jueces en su ceguera: dice este órgano que «la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley». Exactamente eso es lo que pensamos muchos: si se trata a Ibarretxe como se trata a los demás ciudadanos, no habría un problema de discriminación. Así pues cabe preguntarse: ¿con cuántos cientos de ciudadanos se habrá reunido Otegi desde que Batasuna es ilegal? ¿Cuántos de ellos han sido imputados? Esas dos preguntas, pasadas por el filtro de «la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley» tal como la define el CGPJ nos hace ver que la imputación a Ibarretxe no es más que una intromisión de los jueces en la esfera política: al contrario de lo expresado por el CGPJ (no se debe privilegiar a los responsables políticos), en este caso sólo se le imputa a Ibarretxe y esa anomalía se debe precisamente a ser un responsable político de un signo que disgusta a los jueces imputadores. No es la primera intromisión de este tipo, pero es una más.
La justicia es uno de los poderes del Estado. Como tal poder está sometida a la crítica. Faltaría más. Si una decisión judicial nos parece errónea, tendremos derecho a decirlo como cuando se equivoca el Gobierno, el Parlamento o un profesor de física cuántica. Son un poder del Estado, no el poder supremo. Tienen su esfera de actuación, que es la aplicación de la ley. Pero no sabemos qué ley impide a Ibarretxe (y sólo a Ibarretxe) reunirse con unos ciudadanos que no tienen restringido por ninguna sentencia su derecho de asociación. La oportunidad política de la reunión se puede analizar en otro ámbito. Pero los jueces no pueden entrar en valoraciones políticas porque son el único poder del Estado, excepción hecha de la jefatura del mismo mientras seamos una monarquía, que no son elegidos democráticamente: sus decisiones no pueden entrometerse en las decisiones políticas porque no tienen legitimidad democrática para ello.
Los partidos vascos estarían violando la separación de poderes si decidieran no aplicar una sentencia (por ejemplo: dar a Batasuna los escaños y concejales correspondientes a los votos que eran para ellos en elecciones a las que no se presentaron por sentencias judiciales); pero lo que está pasando es precisamente lo contrario: el poder judicial se está inmiscuyendo mucho más allá de sus atribuciones en las labores del ejecutivo (en este caso del ejecutivo vasco -recuérdese, además, que la división clásica de poderes, la de Montesquieu, también incluía al poder federal como cuarto poder que contribuía al equilibrio-) y cuatro partidos vascos han decidido otorgar amparo a sus instituciones democráticas.
El CGPJ sólo llevaría razón si mañana mismo el TSJPV imputa a todas las personas que se han reunido con Otegi en los últimos cuatro años (Batasuna fue ilegalizada en 2003). Si así lo hace tendrá mucho trabajo y no sería un trabajo muy democrático, pero al menos, la frase del CGPJ no dejaría en evidencia a los jueces a los que supuestamente ampara…