No soy nada mojigato en cuanto a las condiciones que deben tener los diputados. Como quiero que la política se imponga a los poderes económicos, defiendo algunos de los blindajes que tienen contra ellos. Como quiero que hagan un buen trabajo, defiendo que tengan los mejores instrumentos dentro de lo razonable para llevarlo a cabo. En alguna ocasión he defendido incluso la bondad de que determinados ex cargos públicos tengan una pensión vitalicia (con contrapresos que hoy no existen). Tampoco lo soy en cuanto a planes de pensiones. Sé que en muchos trabajos se da un plan de pensiones privado a los trabajadores y que en muchos casos la gente ha aceptado la consigna según la cual un plan de pensiones privado es la garantía para una jubilación decente, pese a que de hecho los planes de pensiones no son rentables salvo como instrumento para diferir el pago de impuestos. Bien asesorados y si el objetivo fuera la pensión de jubilación, casi nadie se haría un plan de pensiones privado: por ejemplo, los autónomos preferirían elevar su cotización a la Seguridad Social, que es más rentable y segura, en vez de cotizar casi todos con la base mínima.
Sentadas estas bases, es una aberración que el Congreso de los Diputados contrate (¿desde cuándo? ¿por qué cantidad?) un plan de pensiones privado para todos los diputados. Los diputados son quienes van a legislar, quienes modificarán para bien o para mal las pensiones, las desgravaciones de esos planes, o el marco financiero que facilite la rentabilidad de la especulación financiera y bursátil de la que depende la rentabilidad del plan. Es más, cuanta más inseguridad se genere sobre las pensiones públicas (cierta o meramente propagandística), más se potenciará que miles de personas dispongan de un plan de pensiones privado por si acaso y que sólo por ello mejore la rentabilidad de los planes privados.
Así, el Congreso de los Diputados decidió en algún momento y mantuvo crear un incentivo para que los diputados tengan interés personal en potenciar las pensiones privadas frente a las públicas. Y son quienes van a legislar sobre las pensiones privadas y las públicas. Precisamente si defiendo algunas de las prebendas que tienen los altos cargos políticos es para blindarlos frente incentivos espurios y garantizar que su acción parlamentaria no se vea condicionada más que por la ciudadanía y las ideas y propuestas de la fuerza política por la que fue elegido. Las anomalías justificadas de estos cargos son las que hacen al diputado (o ministro o presidente…) fuerte frente a los que son más fuertes.
Eso es lo contrario de lo que hace el plan de pensiones privado: no los hace más fuertes frente a los fuertes (los poderes financieros), sino que los convierte en cómplices interesados de sus intereses de forma automática, por el mero hecho de convertirse en diputados. Que haya diputados que se sigan guiando por sus ideas honestamente no resta aberración al asunto pues en vez de ser un refuerzo de la autonomía del diputado es un instrumento que facilita su dependencia.
Hace un par de días, al recoger sus papeles como nuevos diputados electos, Cayo Lara y Alberto Garzón fueron los primeros diputados que renunciaban al plan de pensiones privado. Ayer lo hizo Asunción de las Heras y previsiblemente también lo harán el resto de diputados de Izquierda Unida. Me alegro y me siento orgulloso. Además de ser un gesto de decencia, ello debería ser sobre todo una alarma que haga que una de las primeras acciones del Congreso sea anular todos estos planes y poner a los diputados en el Régimen General de la Seguridad Social para que, de tener incentivos, tengan el mismo que la infinita mayoría de la sociedad: que las pensiones públicas en este país sean dignas y seguras.
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